Sistemas de inspección y vigilancia de- ben ser permanentes, confiables, creíbles

Desde que tenemos uso de razón escuchamos hablar de los “inspectores”, siempre relacionados con los que iban a los colmados a vigilar si los precios de los productos se correspondían con el valor que se les habían fijado, o a los de la sanidad, que iban a los lugares públicos a inspeccionar si reunían las condiciones sanitarias para operar.

En el país siempre hemos tenido un sistema de inspección y vigilancia, que mal o bien existe en nuestros estamentos y que sirve para determinar las buenas prácticas o de ilícitos en el mercado, que impactan en los ciudadanos.

Los inspectores más conocidos que recordamos fueron los de “control de precios”, quienes funcionaron por algún tiempo hasta que se descubrió que el salario de un inspector y las multas no eran tan significativas como para resistir un soborno, y así se desprestigió el sistema de inspección, lo que hizo pensar en una reingeniería del sistema en la que tuvimos la oportunidad de participar cuando se discutió el reglamento de aplicación de la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor.

El consenso que se estableció en la discusión del reglamento fue eliminar por completo los criterios con que habían operado los inspectores, comenzando por su capacitación, para que fueran efectivos, comprometidos y cuya honestidad no pudiera ser cuestionada.

Esa labor nos llevó numerosas reuniones y se concluyó que debían ser profesionales, bien entrenados y pagados con sueldos decentes, para evitar las complicidades y los sobornos que siempre aparecen como una tentación.

Así se creó un sistema de inspección y vigilancia del mercado en PROCONSUMIDOR, a tal grado que inspectores de otras instituciones querían ir a trabajar con nosotros. Un inspector de cualquier institución devengaba la suma de tres mil quinientos pesos; como exigíamos profesionales, tuvimos inspectores egresados de universidades reconocidas con distintas especialidades, pero el sueldo era en ese momento superior al de los maestros y de algunos médicos del sector público.

El sistema de inspección lo dejamos a punto de ser certificado, era un objetivo por lograr porque debía ser creíble, transparente y acorde con las características de una institución nueva, que debía ser modelo de credibilidad para generar la confianza entre los ciudadanos -la peor crisis del país es la de credibilidad, sobre todo en las instituciones públicas-.

En una sociedad como la nuestra, donde se requiere de un profundo desarrollo institucional, los sistemas de inspección son muy necesarios, porque hemos crecido con muchas distorsiones que solo pueden corregirse con la vigilancia idónea hasta tanto la dinámica institucional contribuya a corregir los males que nos afectan.

La regulación y la autorregulación de las instituciones públicas y privadas, capaces de generar confianza plena entre todos, será el resultado de un buen mecanismo de inspección y vigilancia del mercado que garantice un sistema de servicio de calidad eficaz, justo y transparente.

Los sistemas de inspección y vigilancia deben ser permanentes, rigurosos, verificables, confiables y creíbles. Solo así dejaremos de contar el número de personas muertas cada Navidad o Semana Santa por la venta de bebidas alcohólicas ilegales, falsificadas, contaminadas con metanol, cuyos fabricantes cambian de lugar, porque no hay consecuencias.

Cuando se producen muertes, alguien es culpable. No pueden quedar impunes como ha ocurrido hasta ahora, le corresponde al Ministerio de Salud Pública articularse con el Ministerio Público para que en las próximas Navidades y Semana Santa no volvamos contar las muertes por la ingesta de bebidas alcohólicas falsificadas y contaminadas como las que hemos tenido en esta temporada.