Más allá de bonanzas y crisis es el título de un estudio del Banco Mundial sobre los bienes primarios que resalta las riquezas de esos bienes y su gran importancia para los países de América Latina y el Caribe a través de su historia. La investigación, en su capítulo IV,  “Las instituciones y la maldición o bendición de los resultados” indica que a menudo los resultados en el desarrollo económico están asociados a la abundancia de los recursos naturales y a las diferencias en la calidad de las instituciones. Sin embargo, establece que aún no hay evidencias empíricas convincentes de que la maldición de los recursos naturales esté condicionada a la calidad de las instituciones. Por el contrario, el estudio establece que pueden existir riesgos para el desarrollo económico y social cuando la bonanza de recursos naturales va acompañada de efectos perversos en las instituciones y en la economía política.

El estudio hace hincapié en los efectos de la búsqueda de ingresos en el manejo económico y considera que los ingresos oficiales de las rentas de recursos naturales son tentadores y plantean varios efectos posibles de corrosión de las instituciones públicas. El control de las rentas de recursos genera un gran rendimiento para quienes detentan el poder político. Ese mayor rendimiento puede inducir a los gobiernos a gastar más recursos para mantenerse en el poder. Lo anterior puede implicar un padrinazgo por medio de la focalización del gasto público en proyectos con apropiaciones presupuestarias políticamente convenientes al padrinazgo.

Con relación a la dilapidación de los ingresos en la región latinoamericana y del Caribe, los estudios empíricos de Gavin y Perrotti 1997; Alesina, Campante y Tabellini 2008 confirman la respuesta de una política fiscal relacionada con el comportamiento de los movimientos del ciclo económico y ofrecen las evidencias que apuntan a que mientras la bonanza suele estar acompañada de aumentos insostenibles en el gasto público, cuando termina los gobiernos son lentos para reducir el gasto, sobre todo a causa de las rigideces y costos que deben revertir.

Los subsidios a la energía son una vía clave que utilizan los gobiernos de América Latina y el Caribe para dilapidar los recursos en los consumidores internos. Los subsidios no discriminatorios a los precios de la energía son muy regresivos, pues favorecen a quienes consumen más energía en términos absolutos, principalmente las personas e instituciones más acaudaladas. El caso del Ecuador es muy ilustrativo con relación a los subsidios a los combustibles y el gas licuado de petróleo. De acuerdo con el estudio del Banco Mundial, un 85% del subsidio a la gasolina en Ecuador beneficia al quintil más rico de la población.

Dicho estudio afirma que en  2007, el beneficio fue de US$1,053 para una familia promedio en el quintil más rico, pero sólo de US$173 para una familia en el quintil más pobre.

El mencionado estudio ofrece un cuadro sobre los subsidios a la energía como proporción de PIB y en el cual aparece nuestro país como el séptimo más elevado, sólo superado por Surinam, Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba y Granada. Dicho subsidio en nuestro país sería superior aproximadamente al 2% del PIB. Asimismo, los subsidios crean incentivos para un exceso de consumo que resulta derrochador, un ejemplo son las facilidades de los edificios de las familias ricas, facilidades que son mucho más grandes de lo que serían si los precios reflejaran con mayor precisión su costo de oportunidad social.

En sentido general, el costo fiscal de los subsidios a los precios de la energía es siempre superior en promedio a los recursos asignados a la educación, los cuales en América Latina oscilan entre un 2 y un 5% del PIB, en tanto los subsidios llegan a ser superiores a un 8% en Surinam, igual a 8 por ciento en Venezuela, 7.5% en Ecuador, superior al 4% en Haití, superior al 3% en Cuba e igual que 3 por ciento en Granada,  siguiéndoles nuestro país con un porcentaje superior al 2 por ciento. Por otro lado, los subsidios no son transparentes y oscurecen las disyuntivas presupuestarias.

Dentro de ese contexto, se puede afirmar que en términos generales el costo fiscal de los subsidios no se hace explícito en los presupuestos, ya que no se presenta en las cuentas públicas un registro directo de los subsidios y sólo están implícitos en la diferencia entre los gastos y los ingresos de las empresas estatales.

El sector público se compone de varios grupos organizados que ejercen presión para beneficiarse de la situación imperante en el sector energético, entre ellos segmentos del sector privado y en algunos casos los militares se han beneficiado de manera desproporcionada de los recursos del Estado.

La situación anteriormente descrita, se presenta en forma similar en el sector eléctrico. En dicho sector se encuentra el factor de la fijación de las tarifas de electricidad a niveles altamente subsidiadas y este subsidio implícito es muy oneroso no sólo en términos del peso fiscal para los gobiernos, sino, como muy bien lo indicara el representante del Banco Mundial en el país, beneficia a las familias más ricas, industriales, políticos y militares, quienes en su mayoría no pagan la electricidad que consumen en cantidades desproporcionadas.

En ese sentido, los consumidores pertenecientes a las familias pobres al pagar su consumo de electricidad también subsidian a los consumidores ricos.

En consecuencia, se hace necesario la adopción de políticas públicas que eliminen estas distorsiones no por medio de aumentos tarifarios, sino más bien eliminando el robo y la evasión.