Contrario a la tradición civilizada y deseosa de comportamientos institucionales, se repite la regla: nunca discutir el fondo, y estructurar todo un esquema mediático para “posicionar” su verdad. Así, los montos y desarrollo en inversión dentro del sector de la construcción generan ganancias en contratistas, suplidores y hasta “bocinas” que categorizan al club de suertudos que todos los gobiernos transforman en millonarios con una velocidad espantosa.
El verdadero trauma comienza desde el momento en que la acumulación por vía de las edificaciones gubernamentales representa parte del tinglado alrededor de crecimientos indecentes de patrimonios inimaginables. Las partidas presupuestarias, en épocas de Joaquín Balaguer, no guardan proporción con las actuales cuantías y la fascinación por exhibir de los suertudos de turno que, con amparo de ministros, directores generales y gente del partido, ingresan al mundo de los mega-millonarios de nuevo cuño. Un bastión de ellos exhibe riquezas que rayan en lo indecente. Eso sí, en los últimos años, el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) sirven como punto de partida de cambios sustanciales en los agraciados.
En ese orden, la enmienda y adenda del contrato OISOE-MP-040-2013 que favorece al consorcio Consmara/Seminsa, relativo a la remodelación y equipamiento de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar alcanza a un monto de RD$ 6,933,757,025.28 y RD$ 1,746,600.62. Juan Marcos Dionicio Montás, es el beneficiario. Fernando Báez, de la compañía BM disfruta de los contratos de ampliación de la infraestructura del subcentro de Pepillo Salcedo, la reparación del hospital Cabral en Barahona, equipamiento del hospital de Jimaní y centro hospitalario de Fantino. Ahora bien, cuando se tiene el detalle de que las cuantías llegan a $148,144,383.86, $69,723,988.53, $20,000,000.00 y $40,000,000.00, existen razones para el asombro. Tools & Resource Enterprises-Toreen, SRL tiene de representante a Efraín Santiago Báez que, en el orden práctico, es el contable del verdadero agraciado. Dos contratos favorecen a la empresa: equipamiento del bloque quirúrgico del hospital Morillo King por $658,398,734.09 y adecuación del hospital Sigfredo Alba, ascendiente a $ 257,428,084.89. Y cuando se lee con tranquilidad, el contrato FP-133-2016 relativo al hospital de Santiago Rodríguez, en incremento al presupuesto original, se llega a 404% y la empresa Excellent Desings (EDECON) coloca el monto en $308,613,970.90, sumándose el contrato FP-130-2016, originalmente de Pedro Ureña Paulino por un valor de $427,080,757.00.
El problema esencial de montos altísimos en la inversión de obras de infraestructura es que edifican redes de complicidades insostenibles en el largo plazo. Por eso, las indiscreciones y materia de escándalos entendibles en una lógica de beneficios y ventajas propias del juego politiquero, pero al final de la jornada hacen procesables al clan de “suertudos”. Ilógico resulta que pase inadvertido entregarle a una empresa con un año de experiencia todo lo relativo al hospital que mayor cantidad de recursos consume, y por demás, tolerar que el consorcio tenga la “dicha” de construir y equipar todo el andamiaje médico. Y hasta hacer coincidir a un vecino, como favorecido en el contrato del hospital Moscoso Puello, deja espacios para dudas terribles.

Se podrán incomodar e interpretar de mil formas el afán de auscultar todo lo relativo al fortalecimiento del sistema hospitalario del país. Ahora bien, cuando las falencias del sistema de salud chocan con montos considerables para equipar, bien gestionar y adecuar los servicios médicos, la gente se indigna. Además, una simple relación de los beneficiarios en la OISOE, como Rafael Vásquez, Danilo Alcántara Máximo Suárez, Rafael Elías Núñez Matos, Freddy Mercedes Ciprián, Amable Montás Ureña, pautan el ritmo de una suerte fácilmente asociada que, con la jurisprudencia de la institución, se intuye prácticas y conexiones pasibles de investigarse con rigurosidad y sin interés de dañar reputaciones.
No podemos olvidar que el último referente de modelo internacional que asoció la construcción con actividades políticas donde el fantasma de la corrupción tiene a un gran porcentaje de líderes en el descrédito, llegó utilizando las edificaciones públicas como “ardid” y/o licencia para la indecencia.
Los suertudos tienden a terminar mal porque los arquitectos de esas patrañas sienten que la categoría política los aproxima a la impunidad. ¿Acaso los precedentes no indican que las cosas están cambiando?