Después de que un par de años atrás el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) reiterara su preocupación por la falta de controles de calidad al levantar edificios, al menos dos moles de varias plantas recién puestas en pie colapsaron sin sismo alguno en diferentes lugares del país descubriéndose la violación de normas obligatorias llamadas a garantizar la solidez de estructuras y la seguridad de quienes fueran a habitarlas. El último de ellos en San Cristóbal recientemente.

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La alarma de la entidad, con estatus de asesora del Estado en ámbitos de su competencia, se basó en su observación de que “en todo el país” se construyen ilegalmente viviendas de diferentes costos «incluyendo torres» sin la identificación de las empresas ni de los ingenieros a cargo de las obras. Se admite que no está generalizado el irrespeto a los ordenamientos. Diversos casos de visible apego a técnicas de diseño y ejecución lo indican; pero existe, ostensiblemente, gente que por muchos sitios pone bloques sobre bloques unidos con cemento y poco acero; un auge que deviene del sector de la economía que más ha crecido desde la pandemia: el informal.

Proliferan actividades de lucro y subsistencia que la burocracia estatal no logra supervisar y nadie se ocupó de especializar para tareas exigentes a una parte importante de ella llevada a la desmesura por el clientelismo. Una distorsión que resta capacidad al Estado para hacer valer límites de protección a la sociedad.