Emitido ya el informe de la comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para investigar todo lo relacionado con el proceso de licitación, contratación, adjudicación e instalación de las plantas de generación eléctrica de Punta Catalina, el grupo empresarial propietario de los terrenos en la cual se construye el citado complejo energético, a decir la familia Vicini, ha informado a la nación dominicana su disposición de negociar los terrenos en cuestión con lo cual se da respuesta a una propuesta nuestra, que afortunadamente también fue asumida por la comisión cuando recomendó al Gobierno dominicano la adquisición de esas tierras.

Esta decisión de los Vicini pone en evidencia la debilidad de los negociadores que en representación del Estado dominicano firmaron el contrato de arrendamiento de esos terrenos con ese influyente grupo, pues revela que de haber recibido esta poderosa familia de origen italiano una propuesta seria y con carácter, como la que ha presentado la comisión investigadora para la compra de esos terrenos, estoy seguro que este tema no fuera objeto de debates ni mucho menos de cuestionamientos en el día de hoy.

Ahora solo falta analizar los mecanismos que se utilizarán para que el Estado dominicano adquiera esos terrenos en condiciones favorables para la nación. Para ello sería necesario cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes sobre la justa valoración de los bienes que por razones de interés nacional deben pasar a ser propiedad pública.

Como es muy sabido por el país, la empresa Haina Investment Company, propiedad del grupo empresarial de la familia Vicini, fue condenada a pagar 30 millones de dólares en favor del Estado dominicano por acciones reñidas con la ley realizadas en EgeHaina, empresa que a su vez es propiedad pública en más de un 60 por ciento, en detrimento del patrimonio nacional. Dicho esto, proponemos que una vez evaluado el costo real de esos terrenos el Estado dominicano proceda a reducir de esos 30 millones de dólares el valor de esos terrenos y así transferirlos como propiedad pública.