Sao Paulo. La comisión parlamentaria de Brasil que analiza si existen méritos jurídicos para someter a la presidenta Dilma Rousseff a un proceso político que lleve a su destitución entra la próxima semana en una fase decisiva al presentar su informe final, que todavía tendrá que recibir la aprobación del Congreso.

La comisión, que inició hace dos semanas las sesiones para estudiar el pedido de apertura del juicio político, espera que la Abogacía General de la Unión entregue el lunes la defensa de la mandataria. Antes de que el grupo, formado por 65 diputados, dé su parecer, serán debatidos los alegatos presentados por la defensa y los de la acusación durante cinco reuniones más. El trámite contra Rousseff se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

De acuerdo con las acusaciones, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, la presidenta incurrió en un “delito de responsabilidad”, uno de los motivos que recoge la Constitución brasileña para deponer a un mandatario. No obstante, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, negó el jueves ante la comisión que Rousseff realizara operaciones ilegales y aseguró que el maquillaje fiscal fue cancelado en 2015, lo que anularía los argumentos que sustentan el proceso, que no pueden referirse a faltas cometidas en mandatos anteriores. El titular de Hacienda argumentó también que las maniobras fiscales por las que se pretende abrir el juicio no alteraron el presupuesto aprobado para la gestión de Rousseff en los años referidos.

Tras las cinco sesiones de la comisión, se prevé que el diputado instructor del caso presente su informe definitivo, que será votado entonces por los parlamentares que conforman la comisión, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril. Si le dan luz verde al documento, este pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) para llegar hasta el Senado.

La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la presidenta estará obligada a apartarse de su cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso.