MARIEN A. CAPITAN
A pesar del cielo gris, de las lluvias y de los charcos que se han repartido por la ciudad, esta semana hemos recibido una gran noticia: el presidente Leonel Fernández decidió aplazar la construcción del metro y, en su lugar, buscar alternativas al problema de tránsito que nos aqueja. Aunque es probable que este proyecto no sea engavetado por siempre jamás, es importante que el Presidente se dé cuenta de que el país no está en posición de embarcarse en ello en estos momentos. Así, amén de ganarse el favor de la gente, envía el mensaje que todos queremos escuchar: que sus decisiones siempre estarán acordes con lo que más necesita el país.

En nombre de ello, es oportuno pedirle al mandatario que se revise y reconsidere la promulgación del nuevo reglamento de espectáculos públicos, un instrumento que no tiene más intención que cerrar nuestras bocas y, posteriormente, sepultarlas para siempre.

Agradeciendo el que no hayan atado nuestras manos (por suerte este reglamento no regula los medios impresos), me pregunto lo siguiente: ¿por qué, si es sólo de espectáculos públicos, el reglamento también toca las emisoras, televisoras y locutores?

Hecha la pregunta tonta, quisiera repara en varias cosas. Uno, el párrafo 68, artículo II, dice que ningún locutor puede transmitir noticias de fuegos, ciclones, terremotos, maremotos, inundaciones… sin que la noticia haya sido aprobada y autorizada por las autoridades.

Amén de que esto suena a censura, me parece que es peligroso evitar que la gente se entere de fenómenos que pueden afectar su vida. Porque, ¿qué pasa si viene un huracán para acá y no aparece nadie para autorizar el aviso? Podría, como en el caso de Georges (que se avisó tardísimo porque las autoridades pensaban que no nos impactaría), suceder alguna que otra tragedia.

Informar no es sinónimo de alarmar. Aunque traigan cierta dosis de inquietud, este tipo de noticia tienen como finalidad alertar a la gente para que sepa qué tiene que hacer.

Otro punto importante sería qué mecanismo se aplicaría para que la comisión apruebe las noticias. ¿Qué pasará con los noticieros? ¿Tendrán que llamar cada día a la comisión y pedir permiso para salir al aire?

Obviando el que también habrá que tener cuidado de no herir la susceptibilidad de las autoridades de nuestras instituciones públicas porque se podría considerar como un irrespeto hacia ellas (algo que también está penado) me encanta lo que estipula el artículo 50: que la comisión, por sí sola, tiene toda la facultad para ordenar la suspensión de cualquier programa. Eso, ¿no suena fascista?

De reconocer, me gustan los artículos, 61, 62, 64 y 65: establecen que no se puede discriminar a la mujer ni usarla o explotarla como objeto erótico; prohibe, para la salud de nuestros oídos, que los vehículos anunciadores, altoparlantes y bocinas transmitan antes de las seis de la mañana y después de las seis de la tarde; y establece que los anuncios y textos de publicidad estén español y correctamente escritos.

Hablando del español, que por fin parece que será cuidado, es hora de hablar de idiomas y países.  Es decir, de hacer un alto en el camino para rechazar las masivas repatriaciones de haitianos en las que no sólo se violan todos sus derechos, sino que también se arrastra a muchos dominicanos que tienen la piel oscura.

Sé que el asunto de las migraciones es delicado. Por ello, no podemos permitir que un asesinato aislado provoque que se maltrate a toda una población (recordemos que las repatriaciones surgieron después que un haitiano mató a una dominicana). De justificarlo, tendríamos que ver bien que en España, donde un joven dominicano asesinó a un español, repatrien a todos los dominicanos que residen allí. ¿Así no nos gusta, verdad?

Finalmente, porque no me queda más espacio, dedicaré estas líneas a la coherencia. Aquella que, vestida de barras y estrellas, debe mostrar ahora los Estados Unidos. Hablo, suponen bien, del caso de Luis Posadas Carriles, el ex agente de la CIA, que es pedido en extradición por Venezuela, para procesarlo por el atentado que en 1976 mató a 73 jóvenes deportistas; y por La Habana, por los atentados con bomba contra varios hoteles registrados en 1997.

Tras anunciarse como una nación que lucha contra el terrorismo, Estados Unidos no puede darle asilo a Posadas Carriles. Tampoco ignorar, como sabe hacerlo, ese pasado tenebroso que protagonizó. Esperemos que, por esta vez, no nos decepcionen.