Hace apenas dos semanas que inició el segundo gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y lejos de grandes novedades, las crisis han caracterizado estos primeros días.

Por un lado, crisis en el sector eléctrico, expresada por largas tandas de apagones y alzas en la facturación.

Por otro lado, crisis en el tránsito, que se manifiesta en el desorden diario, pero que alcanzó su máxima expresión este fin de semana con el apagón de los semáforos y un accidente en Azua que lleva seis personas muertas y más de 40 heridas, evidenciando serias deficiencias en la política de tránsito.

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También, hay crisis en lo social. Estas dos semanas hemos conocido a través de varios casos de un pico en una violencia social que como víctimas tiene a los seres más nobles y a la vez más vulnerables en una sociedad: los niños y las niñas, y que ha puesto de relieve serias deficiencias en la política sanitaria, referidas a la salud mental.

Y, como si todo esto fuera poco, además, se respira el terrible olor de una crisis política interna que, contrario a lo que se anunció en la reunión más reciente de la Dirección Ejecutiva del PRM, evidencia que no hay consenso entre los legisladores oficialistas en relación a la reforma constitucional que propuso Abinader y que puntos como la disminución del número de diputados, tiene rebelados a legisladores y legisladoras de esa organización política.

La suma de estos elementos plantea un panorama complejo para este nuevo gobierno de Abinader y el PRM, porque la traducción de estos escenarios dan como resultado a una población malhumorada, con calor y en “olla”, producto de sufrir en carne propia los embates de apagones y entaponamientos, más la ausencia y/o carestía de las atenciones de salud mental.

De su lado, el Gobierno ha puesto sobre la mesa sus prioridades. Inició con una propuesta de reforma constitucional, que ha bautizado como “la madre de las reformas”, y ha seguido con una laboral.

Sin embargo, aunque el presidente tiene derecho, legalidad y legitimidad para plantear sus prioridades, las mismas deben conectarse o al menos no dejar olvidadas las urgencias de la gente, que promediando las respuestas a las 12 encuestas más serias que se publicaron en la recién pasada campaña electoral, identifican el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad ciudadana, como sus tres principales preocupaciones.

Pienso que esto, sumado a superar la negación de derechos fundamentales, como el acceso a salud y educación de calidad, más la garantía de la protección ambiental, la disminución de los feminicidios y el no deterioro de los servicios básicos, deberían tener principalía en esa agenda.

Entre las propuestas del presidente y las urgencias y necesidades de la gente deberían existir puntos colindantes que sean mucho más claros. Después de todo, es cierto que en la República Dominicana hay un déficit de reformas estructurales que, de manera irresponsable, no se hicieron en el pasado por miedo al costo político y es muy bueno ver que en la actual gestión exista la voluntad política para hacerla, pero también es cierto que hay que priorizar, porque dicen por ahí: el que mucho abarca, poco aprieta.