El procurador general, Jean Rodríguez, respondió el reclamo que hizo Participación Ciudadana (PC), recordándole que Odebrecht entregó antes del plazo previsto “valiosos datos” certificados por el Ministerio Público Federal de Brasil, que han permitido al ministerio Público avances en la investigación que desarrolla por los US$92 millones en sobornos pagados por esa empresa para obtener contratos de obras estatales en el país.

Informó que entre los archivos suministrados por Odebrecht, hay “correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios; los testimonios de 4 de sus ejecutivos brasileños identificando funcionarios públicos dominicanos a quienes se habrían pagados sobornos, así como también, transferencias de dinero a través de bancos en el exterior para su supuesto representante comercial en el país”.

Dijo que esas evidencias obtenidas mediante el pacto suscrito con la empresa carioca, sirvieron para que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, (SCJ), Francisco Ortega, emitiera las órdenes de arresto y posteriores medidas de coerción preventiva, a 10 de los 14 ciudadanos que hasta ahora están implicados en este caso, incluidos tres legisladores.

Agregó que sobre la base de los datos facilitados por Odebrecht, fue que también el tribunal de alzada rechazó todas las objeciones presentadas por la defensa de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público; y además se pudo notificar a la Interpol de la presencia en el extranjero del imputado número 14, Bernardo Castellanos, a quien se le conocerá medida de coerción el viernes 4 de este mes.

Informó que a través de su filial dominicana, Odebrecht sigue facilitando informaciones, a partir de las cuales el MP efectúa varias diligencias investigativas, que por el momento se encuentran bajo la confidencialidad establecida en el Código Procesal Penal.
El reclamo de PC. La entidad de la sociedad civil demandó este lunes del procurador general “información clara y precisa” que permita conocer el nivel de cumplimiento del acuerdo firmado hace más de tres meses por la Procuraduría General y Odebrecht. Dijo que el funcionario tiene la obligación de informar al país sobre la ejecución del cuestionado contrato homologado por un juez.