Desde antes que Danilo Medina asumiera la presidencia de la República, fueron muchas las protestas que se escenificaron en contra de la corrupción administrativa.

Grupos de jóvenes de todo el país llegaron a celebrar juicios populares como forma de dar una condena moral a los funcionarios señalados por actos punibles.

Fueron varias las organizaciones de la sociedad civil que se quedaron esperando que Medina llevara ante los tribunales a hombres y mujeres que se hicieron con inmensas fortunas durante la administración de la «cosa pública»,  y quienes andan campantes y sonantes, sin que hasta el momento, desde la primera magistratura del Estado, se haya movido un dedo para lograr recuperar los bienes colectivos, y a la vez castigar a los responsables del mayor déficit fiscal de República Dominicana en los últimos años.

A pesar de las múltiples querellas presentadas por distintas agrupaciones sociales, ningún funcionario del pasado gobierno, encabezado por Leonel Fernández, ha sido condenado por corrupción, sin mencionar que muchos expedientes han sido archivados de manera definitiva, sin que ni siquiera se investigaran las acusaciones emitidas por los querellantes.

Ni siquiera bastó que la ejecución del presupuesto público del 2012 llevara al país a concluir ese año con un déficit fiscal récord en su historia.

Para compensar ese déficit del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), Medina implementó una impopular reforma tributaria que generó aumentos de impuestos a los bienes y servicios que se ofertan en el país.

La medida provocó numerosas protestas y llamados a paro como forma de rechazo a la nueva carga impositiva.

Sin embargo, hay que resaltar que la promulgación de la Ley de Declaración jurada de Bienes y el seguimiento a la iniciativa de gobierno abierto, podrían permitir que muchos de estos escollos puedan ser superados.