Lucha contra corrupción Brasil comienza dar primeros frutos

Lucha contra corrupción Brasil comienza dar primeros frutos

 RÍO DE JANEIRO. AFP. La orden de encarcelación de un diputado condenado por malversación de fondos, la primera contra un legislador en 25 años, es la primera respuesta al clamor de «¡Basta!» contra la corrupción, un flagelo que carcome desde hace décadas a Brasil, dijeron expertos.  

La prensa y el cine muestran a la corrupción en Brasil como un monstruo de muchas cabezas, con la policía, la clase política y los contratistas como los principales sospechosos: sobornos, pago de favores, tráfico de influencias, son moneda común.  

«La corrupción cuesta de 50,000 a 80,000 millones de reales por año (22,850 millones a 36,560 millones de dólares) en el país, el equivalente a entre 1.4 a 2.3% de toda la riqueza producida (PIB)», declaró  el secretario general y fundador de la ONG Cuentas abiertas, Gil Castello Branco.  

 «Esto corresponde a lo que que el gobierno ha invertido en cuatro años (50,000 millones de reales) en su programa de aceleración del crecimiento, en carreteras, aeropuertos, puertos, la construcción de un millón de viviendas y 57.600 escuelas», señaló.  

Las cifras se desprenden de un estudio  de diciembre de 2012 de la  Federación de industrias de Sao Paulo, que trató de cuantificar el flagelo.   Brasil, séptima economía del planeta, se ubica tan solo por detrás de China entre los países emergentes más corruptos, según la ONG Transparency International. «La nota de Brasil es inferior a 4 sobre 10 desde 1995», deploró Claudio Abramo, director de Transparency Brasil.  

A su juicio, los brasileños tienen la impresión de que «el crimen paga», que viven en el país de la impunidad, que existe una «tolerancia brasileña» a la corrupción.   Muchos factores contribuyen a ello: la inmunidad parlamentaria, el hecho de que los parlamentarios no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios, un secreto bancario excesivo, la financiación de campañas electorales por parte de empresas privadas que luego quieren atribuirse negocios públicos.  

«Es una práctica enraizada en Brasil: la repartición de los principales puestos de gobierno entre los partidos aliados a cambio de su apoyo», explicó Abramo.

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