La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la aprobación congresual de la ley sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen decisiones esenciales del Poder Ejecutivo para combatir la corrupción y la impunidad, dentro de las expectativas surgidas a partir de los sobornos que el consorcio Odebrecht admitió haber pagado en el país.
La primera decisión procura fortalecer el Poder Judicial empezando por la sustitución de los jueces renunciantes o caducados de la Suprema Corte de Justicia, dotando al sistema con los instrumentos legales indispensables para sancionar a quienes culminaran convictos por estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación, violaciones cometidas por los funcionarios públicos en ejercicio, soborno transnacional, evasión fiscal y testaferrato; estos delitos tipifican la amplia gama de infracciones que generan bienes o activos susceptibles del lavado de activos previstos en la nueva legislación.
La desconfianza en la justicia llegó al clímax cuando la Cámara Penal de la Suprema decidió engavetar definitivamente, con razón o sin ella, los expedientes de dos reconocidos exfuncionarios y dirigentes del partido oficialista sometidos por una variedad delictual vinculada al lavado de activos y a quienes el rumor público ya había sentenciado. Desde entonces, nadie apuesta un peso a que la justicia actual podrá enfrentar con determinación el escándalo representado en los sobornos de Odebrecht. El CNM tiene ante sí la oportunidad de empezar a redimir tal difidencia designando un nuevo presidente en la SCJ.
Pero ambas son insuficientes. Se requiere voluntad política y la pronta aplicación del nuevo Código Penal, varado en el Senado, que no aprueba o rechaza las observaciones del presidente Danilo Medina al aborto.
Se prepara un nuevo escenario jurídico para quienes irán a juicio por Odebrecht. Tiene la palabra el procurador general, Jean Alain Rodríguez.