POR FIOR GIL
La lucha contra la corrupción ha sufrido un retroceso a pesar de ser el peor de todos los males que afectan al país, afirmó ayer Participación Ciudadana en un balance del 2007. Considera que los organismos llamados a trabajar contra la corrupción, incluyendo la Comisión Nacional de Etica y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa,  tuvieron una hoja de servicio muy deficiente durante el año que casi finaliza.

“La Comisión de Etica prácticamente no se hizo sentir durante todo el año, poniendo en serias dudas su papel”, sostiene Participación Ciudadana en un balance en el cual   señala los aspectos positivos y negativos de las ejecutorias publicas tanto en la parte institucional como en lo económico.

   Estima que el 2007 ha sido un año en el cual la lucha contra la corrupción ha sufrido un claro retroceso, a pesar de que el mal es responsable directo de que “no podamos enfrentar con eficiencia la pobreza secular que abate a la mayoría de los dominicanos y sus necesidades de salud, educación, justicia, y vivienda digna, entre otras necesidades.”

 Dice que en  el 2007 se detuvo el esfuerzo de llevar a la justicia muchos de los casos de corrupción bajo investigación de la DNPCA. Un número indeterminado de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que de acuerdo con funcionarios públicos revelan graves irregularidades en dependencias públicas, permanecieron ocultas para la ciudadanía.

 Pero además, los expedientes de corrupción que se encontraban en manos de los tribunales han generado sentencias que promueven la impunidad, como ha ocurrido en los casos de RENOVE, usufructo de vehículos robados por oficiales de la policía, PEME, Invernaderos, entre otros. Deben destacarse los expedientes relacionados con los fraudes bancarios producidos en Baninter, Bancrédito y Mercantil.

 Agrega asimismo que en el  caso Baninter, en el juicio  más seguido por la ciudadanía, se produjo una sentencia que aunque condenó a 10 años a dos de los cinco imputados, a 8 años a otro y declaró no culpable a los otros dos y  se excluyó de la petición de confiscación realizada por los fiscales a uno de los medios de comunicación adquiridos con fondos de los depositantes, e igualmente se excluyeron los cargos de lavado y abuso de confianza a pesar de que la sentencia daba por probados todos los hechos cometidos por los imputados.

 Expresa sobre el caso  Bancrédito que se produjo una decisión que pretende cerrar el expediente iniciado por las autoridades, bajo el alegato de que los hechos ya han sido juzgados con anterioridad, sin que exista sentencia anterior que explique qué pasó con los más de veinte y tres mil millones de pesos distraídos de esa entidad bancaria, ni obligue a nadie a devolverlos.

 Sobre el caso Mercantil, el más atrasado de todos, aún no se inicia juicio de fondo y ha permanecido largo tiempo en la Suprema Corte de Justicia.

 En torno al acceso a la información pública, opina que a  pesar de contar con una nueva Ley de Acceso a la Información Pública,  se ha  demostrado  que no basta con la norma y que se requiere de la voluntad política necesaria para su implementación y cita que el  caso del periodista Huchi Lora, quien hizo uso de la ley para requerir información sobre el Metro.

 En otro orden señala que en torno a los planes de austeridad hubo incumplimiento por parte del gobierno.  “Mientras la población cumplió con su parte pagando los impuestos que permitieron recaudar el 50% que le correspondía al Estado  y además se registró un superávit fiscal cercano a los 25 mil millones de pesos, el gobierno incumplió su propia ley de austeridad y por el contrario, aumentó sus gastos corrientes a través de la creación de un número importantes de nuevos empleos públicos, la mayoría de ellos innecesarios y creados solamente con fines reeleccionistas.