Arturo Martínez Moya 
El Director de Impuestos Internos informó que las recaudaciones aumentaron dos dígitos en el primer semestre del año, el monto de veintidós mil millones de pesos, comparado con los mismos meses de 2016. Los ingresos adicionales, combinados con menor gasto público, atajaron el déficit fiscal, el desfase entre gastos e ingresos, proyectándose por debajo de los RD$84,893.9 millones presupuestados para 2017.
Magín citó que medidas administrativas hicieron más eficiente el cobro y atacaron el fraude fiscal. Existen varios tipos de fraude, los agrupo de la siguiente manera. Uno, contribuyentes que nunca han tenido intención de pagar. Dos, el de empresas y ciudadanos que se valen de atajos para pagar menos, o que los desincentiva la corrupción. Y tres, los que deciden comer en lugar de pagar, se produce cuando hay crisis económica, que no ha sido nuestro caso.
Los primeros dos tipos de fraude se producen, principalmente, en la economía informal. Estudios dominantes establecen una relación fuerte entre nivel de corrupción y tamaño de la economía informal. Los países con mayores índices de corrupción son los que presentan niveles más altos de economía informal y las que pierden más ingresos fiscales.
Para los Organismos internacionales somos de los países más corruptos, probablemente una de las razones por la que la economía informal, la no declarada, la que escapa de los registros oficiales, se estima en poco más de mil millones de pesos al año, en un tercio de la economía declarada. Supone pérdida de ingresos fiscales por ciento cincuenta mil millones de pesos. Son cálculos indirectos, realizados con apoyo de datos macroeconómicos. Un cálculo directo, basado en encuestas, entregaría informaciones con detalles.
Se esperaba que la recaudación aumentara en nueve mil millones de pesos en el primer semestre del año, para los doce meses se presupuestó un aumento de diez y ocho mil millones de pesos. El cobro adicional de trece mil millones de pesos, podría decirse proceden de la economía informal, de contribuyentes que no tenían intención de pagar, empresas y ciudadanos que usaban atajos para pagar menos. Si se acepta la hipótesis, se diría que se recuperó 9% de la pérdida potencial de recaudación por fraude fiscal.
Como dije, recursos adicionales que contribuyeron a reducir el déficit fiscal. En su totalidad podría eliminarse de un plumazo, si se acabara con toda la economía informal, no registrada oficialmente, pero no es realista pensar que se puede erradicar por completo.
Es posible bajarla a la mitad en el mediano plazo y recuperar ingresos por setenta y cinco mil millones de pesos, para lo que sería necesario una profunda reforma fiscal, que refuerce las medidas administrativas de la DGII y origine un sistema impositivo progresivo que elimine o reduzca a su mínima expresión el sistema de incentivos que insta a empresas a quedarse en la informalidad. Todos sabemos que el sistema tributario está agotado, también lo sabe el hombre de calle, lo expresa con esta frase: “en este país solo pagan impuestos los asalariados”.
Se necesita la reforma, además, para elevar la capacidad de crecimiento potencial de la economía y de la productividad, que dependen de la demografía, mercado laboral y stock de capital. Y para asegurar el pago de la deuda en el mediano plazo.
