Lucha contra los ruidos

Lucha contra los ruidos

La capital dominicana está afectada por una de las contaminaciones más perjudiciales para la salud. Los niveles de ruido provocados por vehículos, guaguas anunciadoras, negocios de bebidas o de venta de música y otros sobrepasan los niveles considerados inofensivos para las personas. Los conductores utilizan las bocinas de sus vehículos hasta en los lugares en que está específicamente prohibido, como son las inmediaciones de hospitales y  escuelas.

 De esa situación se desprende que valoremos como paso importante la creación mediante decreto del  Poder Ejecutivo de la  Comisión Nacional Antirruido, que preside él y que completan  los ministerios de Interior y Policía y de  Salud Pública, así como la Procuraduría Ambiental, la  Policía Nacional, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Mancomunidad de Municipios.

En el país hay leyes que tratan específicamente sobre prevención, supresión y limitación de los ruidos nocivos y molestos. Existen las disposiciones necesarias para sancionar la producción de ruidos. La contaminación sonora provoca en los seres humanos daños del sistema nervioso, el oído, trastornos del sueño, la atención y la concentración en el trabajo o los estudios. Esperamos que la designación de esta comisión sea el inicio de una cruzada indetenible contra esta perturbación que tanto deteriora la tranquilidad general.

Calles en malas condiciones

El Gobierno está en deuda con los contribuyentes de muchos sectores en la capital y poblaciones del interior.

A pesar de que se anunció un plan nacional de asfaltado, todavía son muchas las vías que están en mal estado y que necesitan reparación.

Parece que ha habido una larga pausa en el programa de reparación vial.

Las calles en precarias condiciones son una de las causas de pérdida de tiempo en el transporte y aumento de costos de operación y mantenimiento de vehículos por el deterioro que las irregularidades provocan.

Los contribuyentes merecen que las vías públicas sean mantenidas en buenas condiciones y que las autoridades correspondientes asuman  el compromiso de garantizar que las reparaciones se hagan oportunamente.

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