Washington. La lucha entre el Gobierno de EEUU y el estado de Texas para decidir a quién le corresponde legislar sobre la interrupción del embarazo llega este miércoles al Tribunal Supremo, que decidirá en junio sobre uno de los casos acerca del aborto más controvertidos de las últimas dos décadas.

Bajo la lupa de los ocho jueces del alto tribunal estará una conflictiva legislación de Texas promulgada en 2013 y que, con el argumento de proteger la salud de las mujeres, ha provocado el cierre del 75 % de las clínicas del estado, según el grupo Whole Woman’s Health.

La ley establece dos requisitos- las clínicas deben cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y sus médicos deben tener unos privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubica el centro para abortos.

Los oponentes de la ley aseguran que esos requisitos no son necesarios y que la ley castiga a las mujeres más pobres, que no pueden pedir días libres en el trabajo y, mucho menos, costearse varios viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto, procedimiento permitido en EEUU desde 1973.

Desde el fallo de 1973, con el objetivo de proteger los derechos del feto, numerosos estados conservadores, como Michigan, Misuri y Virginia, han promulgado leyes similares a la de Texas.

El Instituto Guttmacher, una organización que promueve la salud reproductiva, calcula que 28 de los 50 estados han impulsado leyes similares a las de Texas, especialmente desde 2010, cuando los republicanos se hicieron con las asambleas estatales e impulsaron su agenda “pro-vida».

En el anterior caso con gran repercusión pública, en 1992, el alto tribunal determinó que las leyes de los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto “cargas innecesarias” que “tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable».

Lo que tiene que decidir en junio el Supremo es si la ley de Texas impone esas “cargas innecesarias». Un fallo en contra de Texas afectaría a los 28 estados con leyes similares y, si los jueces van lejos en su sentencia, la Corte podría obligarles a dar un paso atrás y revertir sus reglamentos contra el aborto, según Steven D. Schwinn, profesor de la escuela de leyes John Marshall, de Chicago.

De los 5,4 millones de mujeres en edad reproductiva en Texas, 2,5 millones son latinas y ellas son las más afectadas por la ley al formar parte de uno de los colectivos más pobres, resalta el Centro de Derechos Reproductivos, que participa en la demanda presentada por la organización Whole Woman’s Health ante la máxima instancia judicial del país.

Estas organizaciones destacan el daño causado a las mujeres hispanas que no tienen seguro médico, no pueden pagar a alguien que cuide a sus hijos y, además, suelen vivir en zonas rurales alejadas de las concentraciones urbanas donde se aglutinan las pocas clínicas donde se practican abortos.

Sus historias estarán la próxima semana frente a los ocho jueces que deben formar el tribunal y la silla vacía del conservador magistrado Antonin Scalia, fallecido el 13 de febrero.

Los analistas afirman que, si los ocho jueces empatan, entonces el mosaico de regulaciones estatales sobre el aborto seguiría en pie y el estado de Texas se quedaría con sus 16 clínicas para abortos, muy por debajo de las 41 que tenía antes de la ley, según el último recuento de la web NeedAbortion.Org.

La disyuntiva sobre la protección de los no nacidos y la del derecho a decidir de la mujer podría convertirse en un espinoso campo de batalla entre los aspirantes republicanos y demócratas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

La audiencia del miércoles se producirá solo un día después del llamado “supermartes”, cuando una docena de estados celebra elecciones primarias.

La decisión definitiva del alto tribunal llegará también en junio, a pocas semanas de la elección de los candidatos demócrata y republicano para la Casa Blanca.