QUITO (AP).- El depuesto presidente Lucio Gutiérrez, quien afirma que su remoción violó la constitución, seguía el sábado a la espera del salvoconducto que le permitirá viajar a Brasil desde la residencia del embajador de ese país en Quito, donde está refugiado desde el 20 de abril.

La residencia del embajador brasileño Sergio Florencio Sobrinho, que estuvo asediada por decenas de opositores del ex mandatario desde el miércoles, estaba el sábado sin la presencia de manifestantes.

La custodia policial fue reforzada luego que el viernes en la noche se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes impidieron la salida del embajador brasileño.

Más de 200 manifestantes bloquearon las puertas de la residencia del embajador exigiendo que Gutiérrez fuese detenido por los supuestos delitos de abuso de poder, corrupción y por la represión de las protestas pacíficas.

La lenta respuesta de las autoridades ecuatorianas a la solicitud del salvoconducto y el permamente asedio a la residencia del embajador por manifestantes que reclaman que el ex mandatario sea juzgado en el país por abuso de poder, corrupción y represión de protestas pacíficas, han enturbiado las relaciones entre Brasil y Ecuador.

Brasil llegó a amenazar con el retiro de su embajador a raíz del hostigamiento que experimenta su sede diplomática en Quito, informó el sábado el diario Folha de S. Paulo.

De acuerdo al diario, el secretario general de la cancillería, Samuel Pinheiro Guimaraes, sostuvo una conversación «dura» con su colega ecuatoriano Edwin Johnson, al protestar porque el embajador estaría «arrinconado» y desprovisto de «condiciones para trabajar», lo que constituiría un paso previo a un anuncio formal de retiro del diplomático.

El diario relata que uno de los diplomáticos en Quito recibió «golpes en la espalda» al intentar salir de la sede rumbo a su domicilio.

El canciller ecuatoriano Antonio Parra Gil ha dicho que el gobierno está en proceso de dar a Gutiérrez el salvoconducto para viajar a Brasil, pero no mencionó cuándo, pero «no existe un tiempo determinado para hacerlo».

La Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, decidió el viernes enviar a Ecuador una delegación diplomática de alto nivel «a la brevedad posible» que tendrá la misión de establecer los hechos que condujeron a la ruptura del orden institucional.

En caso necesario, el Consejo «podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento» en Ecuador, según el artículo invocado de la Carta Democrática Interamericana.

Existen dudas sobre la legalidad de la decisión que tomó el congreso ecuatoriano de destituir al presidente Gutiérrez.

La resolución de OEA el viernes evitó el reconocimiento explícito del gobierno del presidente Alfredo Palacio, que fue designado jefe del estado por el congreso el miércoles después de que este removió a Gutierrez. No está claro cuando la delegación de OEA llegaría. Hasta ahora ningún país ha reconocido el nuevo gobierno como legítimo.

«Con una decisión inconstitucional, con 62 votos, y sin que haya abandonado el cargo, me han sacado de la presidencia», declaró Gutiérrez el viernes en la que fueron sus primeras declaraciones desde el miércoles.

El Congreso ecuatoriano aprobó el miércoles la sucesión presidencial del entonces vicepresidente Alfredo Palacio en reemplazo del depuesto mandatario con el voto favorable de 62 de 100 legisladores. Los diputados oficialistas estuvieron ausentes.

Los congresistas justificaron su destitución invocando una cláusula constitucional que permite a los legisladores quitar a un presidente por «abandono del cargo», aun cuando Gutiérrez se encontraba en el palacio de gobierno emitiendo órdenes.

Los partidarios de la medida alegan que Gutiérrez no estaba cumpliendo fielmente sus responsabilidades, por lo que el congreso debía declarar la presidencia vacante.