ASUNCION, (AP).-  El ex mandatario paraguayo Fernando Lugo desistió hoy de participar en la cumbre del Mercosur en Argentina para no presionar a los presidentes del bloque, luego de que el nuevo gobierno paraguayo le advirtiera que en caso de intervenir en las deliberaciones se exponía a acciones legales.

«No deseo que los demás presidentes se sintieran presionados para analizar la situación del país», dijo Lugo en declaraciones difundidas por el canal 4 de televisión de Asunción.

El ex obispo católico dijo la víspera que tenía previsto viajar a la cumbre en la ciudad argentina de Mendoza para denunciar su presunta injusta destitución por juicio político. Pero el martes cambió de parecer.

«Nos dijo que prefería no intervenir en la cumbre del Mercosur para que los mandatarios participantes no se sintieran presionados por su presencia», confirmó a The Associated Press Rubén Penayo, ex vocero de Lugo.

El canciller José Félix Fernández advirtió que «Paraguay es representado por el presidente Federico Franco y no me parece adecuado que el ex presidente se atribuya responsabilidades que ya no las tiene» y que «si lo hiciera, se expondrá al ordenamiento legal de la república».

El Mercosur –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tiene como socios a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela– desconoce al gobierno de Franco y lo suspendió del derecho de participar de la cumbre de mandatarios.

Fernández denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina «efectuó una acción inadecuada el lunes al no permitir que funcionarios de nuestra cancillería recibiesen su acreditación para tomar nota de las deliberaciones y resoluciones de la cumbre del Mercosur».

La agencia estatal de noticias Ipparaguay informó que Franco hizo un paréntesis en sus tareas para informar a la prensa acreditada en palacio de gobierno que él es «el responsable de garantizar que no habrá una guerra civil» y que asumió la presidencia «para evitar un derramamiento de sangre».

Franco afirmó que no pedirá el adelantamiento de las elecciones generales previstas para el 21 de abril de 2013 y que tres meses después entregará el mando tras completar el periodo de cinco años de gobierno de Lugo.

 Uno de los abogados defensores de Lugo en el juicio político, Adolfo Ferreiro, manifestó que «la presidencia de Franco es legal. No existe ningún rechazo jurídico a su asunción al poder porque la constitución dice que cuando hay acefalía del Poder Ejecutivo, el vicepresidente se convierte en mandatario».

Pero agregó que su cliente «cuestionó el proceso del juicio político realizado por el Senado con un reglamento interno y no con los criterios del código procesal civil, al no otorgar tiempo suficiente para preparar la defensa» cuando habitualmente en los juicios ordinarios el plazo es 18 días.

A nivel internacional, el mandatario cubano Raúl Castro aseguró que la crisis en Paraguay demuestra que «los golpes de Estado han vuelto, pero disfrazados», según un reporte del periódico oficial Granma del martes. Cuba anunció el retiro de su embajador Bernardo Guanche Hernández como protesta por la remoción de Lugo.

Castro remarcó el papel de la Casa Blanca en el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y destacó los «nuevos mecanismos» aplicados como el intento de desplazar al venezolano Hugo Chávez en 2002 o el impulso al separatismo en Bolivia, donde la provincia de Santa Cruz intentó independizarse del resto de la nación para quitarle fuerza al mandatario Evo Morales.

También recordó el desplazamiento del mandatario Manuel Zelaya en Honduras y la intención fallida de hacer lo mismo con el ecuatoriano Rafael Correa.

Sin embargo, para el presidente colombiano Juan Manuel Santos la destitución de Lugo no representó un golpe de Estado porque el juicio político está establecido en la constitución, aunque remarcó que no se respetó el debido proceso. «¿Es una violación del debido proceso que un Senado adopte un reglamento donde solamente se le dan dos horas a un presidente para que se defienda? La respuesta obvia es sí. La verdad es que aquí lo que hubo fue una violación del debido proceso».