El candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano se mostró partidario de la aplicación en el país de la “ley de Silencio Administrativo”, que a su juicio agilizaría los procesos de aprobación de permisos, frenaría en gran medida la corrupción administrativa y estimularía la inversión nacional y extranjera.

El economista Luis Abinader indicó que la propuesta legislación haría posible que un trámite sea considerado aceptado si en un determinado plazo, que podría ser no mayor de tres meses, la entidad pública correspondiente no ha dado una respuesta en un sentido o en otro.

El político y empresario planteó la posición ante profesionales, comerciantes y empresarios vinculados al sector de la construcción durante una visita a Expo Ferretera 2011, organizada por la Asociación de Ferreteros de la República Dominicana, actividad celebrada en el Centro de Convenciones de Sans Souci.

El licenciado Abinader dijo que la Ley de Silencio Administrativo ha sido aplicada en varios países de Europa y América y ha tenido un positivo impacto en la industria de la construcción y en el fomento de las inversiones. “Hemos conversado con el ingeniero Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD, sobre una serie de medidas que se deben adoptar para apoyar la actividad productiva y estimular la inversión privada en diversos sectores de la economía”, apuntó.

Sostuvo que muchas actividades de interés para el país, algunas de ellas promovidas por el Gobierno se han paralizado durante meses y años porque las instituciones públicas no son capaces de agilizar los permisos y licencias solicitados por los inversionistas y promotores.

Citó el caso de la industria del Etanol, una alternativa a los combustibles derivados del petróleo, que el presidente Leonel Fernández se comprometió a impulsar desde el año 2005 y hasta ahora no ha logrado nada en concreto.

Indicó que muchos inversionistas nacionales y extranjeros interesados en desarrollar proyectos para la producción de etanol se quejan de que no han logrado avanzar porque las instituciones públicas “se la han puesto en China” cuando han tratado de obtener las licencias y los permisos correspondientes.

Dijo que lo mismo sucede con la industria de la construcción, donde los promotores y urbanizadores “tienen que andar la seca y la meca” para conseguir los permisos de los ayuntamientos, y de los Ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente.