El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, declaró  que tanto él como el ingeniero Hipólito Mejía están en disposición de someterse a cualquier escrutinio para establecer el origen de sus bienes, pero propuso lo mismo para el presidente Leonel Fernández y para los actuales candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.

Dijo que en este país todo el mundo sabe que ni Hipólito Mejía ni él han vivido de la política, sino de sus actividades empresariales privadas. Y se preguntó: ¿y de que han vivido Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández y Danilo Medina;  cual es la empresa de la que viven?

Reveló que Mejía y él han propuesto a Participación Ciudadana y ha Transparencia Internacional que investiguen sus cuentas y el origen de sus bienes para determinar si han cometido actos de corrupción en su vida pública y privada.

Aseguró que  el  ingeniero  Mejía  ha vivido siempre de su ejercicio profesional y de su empresa Agrocentro, la cual según dijo tiene cerca de un 80 por ciento del mercado de semillas en el país.  A finales de la década de 1980 Mejía era representante de una empresa internacional agropecuaria y ganaba tres mil dólares, agregó el licenciado Abinader.

Exhortó al doctor Marino Vinicio Castillo, quien es presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción  a investigar de qué viven Medina, el Presidente Fernández y Margarita Cedeño, además, investigar  de las villas de los funcionarios, y de manera especial al senador Félix Bautista que ha sido acusado de corrupción dentro y fuera del país.  

Abinader acusó al presidente Fernández de ordenar al director del Departamento de Prevención y Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, de amenazar con someter a la justicia a los dirigentes reformistas que ha apoyado a Hipólito Mejía.

Dijo estar de acuerdo  con el sometimiento a la justicia de todos los funcionarios públicos de quienes se tenga pruebas, pero estimó que no se ha tenido la voluntad y la responsabilidad de someter a los funcionarios que han incurrido en escándalos de corrupción.