Recién acaba de circular una nota de prensa en la cual el precandidato presidencial del PRM (Partido Revolucionario Moderno) Luis Abinader declara acogerse a un pacto sugerido por el periodista Huchi Lora tendiente a la institucionalización de la justicia.
Este acuerdo implicaría la obligación de no designar un Procurador General de las filas partidistas, incluyendo el suyo, así como a ningún otro fiscal que provenga de la militancia política, además de no proponer ni apoyar el nombramiento de jueces que tengan militancia política.
Ya en el mes de noviembre del año 2017, Abinader había propuesto ante los principales directores de medios de comunicación, un gran pacto de mayor amplitud que perseguía fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana.
El candidato está convencido de que sin la despolitización de la justicia, en todos sus niveles, no será posible combatir eficazmente la corrupción y la impunidad en el país.
Se advierte un particular interés en este aspirante presidencial por la independencia y apoliticidad de la justicia.En alguna ocasión se había planteado al interior de su equipo legal la creación de un Ministerio de Justicia para dejar en manos de un procurador que no sea nombrado por el presidente de la República.
La tarea de investigación de crímenes y delitos mientras que este ministerio se encargaría de delinear las políticas públicas de prevención y combate del crimen, así como la coordinación entre los entes jurisdiccionales y los administrativos relativos a la justicia y al ministerio público.

El empeño de este político en adecentar la administración de justicia así como la propuesta del periodista Lora, deben ser acogidos por el liderazgo nacional a fin de hacer posible este noble empeño. La otra opción es seguir en el caos, en el compadrazgo con el delito y en el fomento una fábrica de abusadores.