Carlos Peña 
Escuchar a empresarios solicitando que las empresas públicas sean traspasadas al sector privado, es comprensible, más aún si se trata de cierto segmento del empresariado nacional que ha crecido sobre la base del disfrute de su participación en la distribución del presupuesto general del Estado, pero que sean dirigentes políticos quienes lleven la voz cantante en el despropósito enajenandor del patrimonio del pueblo, es realmente desconcertante.
Recientemente el licenciado Luis Abinader, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, propuso que las tres empresas distribuidoras de electricidad que hoy son propiedad absoluta del pueblo dominicano, sean traspasadas al sector privado, olvidando así el dirigente político que ya ese invento se hizo y que permanece muy fresco en la memoria los funestos resultados del mismo.
Es bueno recordarle al referido empresario y político que el error cometido por los neoliberales y privatizadores que despojaron a la nación de su patrimonio eléctrico con el proceso de capitalización, le ha costado a los dominicanos no menos de 20 mil millones de dólares, generándose en favor del sector privado incrementos descomunales en la tarifa eléctrica, aumentos de interrupciones del servicio, éxodo de divisas con la distribución de dividendos entre las casas matrices de las empresas capitalizadoras, esto a pesar de la multiplicación del déficit del sector en por lo menos diez veces respecto al existente antes de la privatización, etc.
Proponer despojar al Estado dominicano de sus empresas, no es más que ignorar consciente o inconscientemente nuestro pasado reciente y pedirle al pueblo que vuelva a vivir episodios tristes como aquel en que Unión Fenosa quebró a Edenorte y Edesur.
Lo único positivo de estas declaraciones de Luis Abinader es que sigue revelando el carácter pro sistema de gran parte de nuestra clase política.
