Se supone que vivimos en Democracia. Que la democracia es un sistema de vida superior que garantiza a cada ciudadano el disfrute de un estado de Derecho. Que en un estado de Derecho todos somos iguales ante la Ley, y lo fundamental es que cada quien, comenzando por los mandatarios, demuestren respeto a las leyes y a la Constitución de la República.

La Constitución, como Carta Magna, establece los principios y los elementos que constituyen la nación Dominicana. La Constitución organiza los poderes del Estado y sus instituciones, define las funciones que les corresponden y la forma de gobierno. En nuestro caso, civil, republicano, democrática y representativo.

Se supone que ese gobierno responda a la voluntad popular expresada de manera libre y democrática y se rige rigurosamente por la Constitución y las leyes que la complementan.

Siendo así, la misión de todo gobierno es gobernar para beneficio de las mayorías y legislar en su provecho, en provecho del bienestar colectivo y de la soberanía nacional.

Se supone que al ser los funcionarios elegidos directamente por el pueblo o designados por sus representantes, deben éstos velar por tales principios fundamentales, sin que en ningún momento el interés particular o de grupo alguno se coloque por encima y en perjuicio del interés general de la nación.

En cualquier país que se presuma democrático o que pretenda vivir en democracia la inversión de esos valores o su desconocimiento, desprestigia al gobierno y pervierte la Democracia. En cualquier país el ciudadano preocupado se interesa por esos asuntos y trata de alzar su voz y de organizarse para que las cosas marchen como deben marchar en democracia.

El presupuesto de la Nación, Presupuesto Público, es un instrumento de previsión y control del Gobierno. A través de este instrumento financiero y conforme con un plan general a más largo plazo, se determina anualmente las metas o prioridades y los recursos con que se cuenta para ejecutar o implementar racionalmente su programa gubernamental.

Como los recursos siempre son escasos en relación a las necesidades y demandas que hay que suplir, es indispensable que el gobierno racionalice sus recursos y se someta a un riguroso régimen de austeridad, descalificando todo aquello que sea suntuoso, dispendioso, o sencillamente improcedente por no responder a una necesidad social, a un programa de inversión y desarrollo sostenido.

Si no procede de esa manera, si ignora tales elementales principios administrativos y políticos, el gobierno no cumple con su misión y se desprestigia. Si dice que actuando desaprensivamente actúa a nombre y en provecho de la democracia, violando esos preceptos, desacredita la Democracia.

El manejo presupuestal es un ejercicio serio y muy grave. Desde su diseño y estructuración hasta su ejecución final. Si se hace antojadizamente para satisfacer apetencias ilegítimas y desmedidas en detrimento de las reales necesidades de la nación, el gobierno se desacredita y la democracia no nos sirve para nada, pues ella no puede resumirse en el deber de votar cada cuatro años por un conjunto de representantes que no son sensibles a las necesidades de la población, que anteponen a esos intereses los propios, por lo que en definitiva no nos representan en absoluto.

El presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo debe ser debidamente estudiado, para ser aprobado por el Congreso de acuerdo con la Constitución. El conocimiento y aprobación del Congreso Nacional debe regirse por los mismos principios de racionalidad y de prioridades en provecho de las mayorías. Si el sometido por el P E adolece de deficiencias, debe corregirlas y enmendarlas. No puede legislar para si haciendo mal uso de sus poderes. No resulta así. Normalmente los legisladores se aprovechan de su privilegio y se asignan partidas que no satisfacen el interés nacional. Sin hacer historia, basta mencionar ahora un solo caso que por su grave trascendencia acredita más de un comentario. El monto asignado a la Secretaría de Estado de Educación, ha sido de 12,7MM., lo que significa el 10% del total presupuestario y menos del 1.3% del Producto Nacional Bruto. El más bajo de América Latina. Apenas se cubre con ello sus necesidades primarias, siendo la Educación, junto con la Salud, el eje transversal sin el cual no es posible el despegue hacia un desarrollo integral y sostenido.

Lejos de incrementarlo en proporción a la importancia de su demanda, atendiendo a los reclamos y las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, aparentemente más preocupados por nuestra estabilidad y fortalecimiento democrático que nuestros gobernantes, la partida asignada en el proyecto presupuestal sometido a los legisladores es, conservadoramente menor que el aprobado el pasado año. La inflación que nos aflige, superior al 36%, se ha tragado el aumento. A eso hay que agregarle la práctica tradicional del recorte presupuestal, sufrido en un 40% para su ejecución en el presente año. Más bochornoso aún al sustraerse del mismo una nutrida partida de varios millones para reasignárselos a las Fuerzas Armadas de la Nación.

El colmo de la indolencia y del desparpajo, lo que motiva la indignación del ciudadano aun del más desaprensivo, es el tupé de los congresistas de negociar, como si se tratase de un mercado público, y aumentarse una tajada de RD$282 MM en adicional a la partida de RD$618 MM asignado a los diputados. ¿Para qué fin? Que función social o que prioridad cubren los señores congresistas que no sea la de someter y estudiar proyectos de leyes inteligentes, visionarios, necesarios y justos que beneficien a la población en general y a sus respectivas comunidades, dentro del contexto económico y social que debe debatirse todo intento legislativo. Eso y no otra cosa es lo que a ellos les corresponde. Ahí termina su misión.

Y muy orgullosos deberían estar ellos, igual que nosotros, si medianamente la cumpliesen. Flaco servicio se le ofrece a la democracia cuando sus legisladores se desvían de sus funciones y utilizan los poderes conferidos por el pueblo para corromperlos.

Si para eso sirve el Congreso, si esa es la noción de gobernar y de representar los legítimos intereses de la nación, de nada nos sirve la Democracia Representativa.