Río de Janeiro. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este jueves que en los últimos meses ha sido víctima de «actos injustificables de violencia» para justificar unas declaraciones en que atacó a los principales tribunales del país.

El exjefe de Estado, que este jueves fue juramentado como ministro de la Presidencia en el Gabinete de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, explicó en una carta abierta que su disconformidad con los ataques que dijo haber sufrido lo llevaron a pronunciar en conversaciones personales palabras que hoy son consideradas como ofensivas por los magistrados.

Lula hizo las críticas a los tribunales en una conversación telefónica con Rousseff que fue grabada por orden judicial y cuyo contendido fue divulgado el miércoles, desde cuando han recibido duras respuestas de algunos magistrados.

«En las últimas semanas, como todos saben, mi intimidad, la de mi esposa, la de mis hijos y la de mis compañeros de trabajo ha sido violentada por medio de filtraciones ilegales de informaciones que deberían estar bajo la guardia de la Justicia», aseguró el exjefe de Estado en la carta abierta divulgada por el Instituto Lula.

Según el exmandatario, la filtración a la prensa de informaciones de las investigaciones de las que es blanco en la justicia se han convertido en «actos injustificables de violencia en su contra».

«En esta situación extrema, en la que me fueron negados derechos fundamentales por agentes del Estado, manifesté mi inconformismo en conversaciones personales, que jamás habrían superado los límites de la confidencialidad, si no hubiesen sido expuestas públicamente por una decisión judicial que ofende la ley y el derecho», afirmó.

Lula añadió que no puede pedir que los magistrados de los máximos tribunales compartan sus posiciones personales y políticas pero que no puede admitir que palabras extraídas de conversaciones personales justifiquen «juicios despreciativos sobre mi carácter».

«No me conformo con que palabras dichas en particular sean tratadas como ofensa pública antes de que se realice un examen imparcial, exento y corajudo del levantamiento ilegal del sigilo de las informaciones», afirmó.

Lula criticó la decisión del juez que autorizó levantar el secreto de las escuchas de sus conversaciones telefónicas y que las mismas ahora sean interpretadas fuera de contexto.

«Nosotros tenemos una suprema corte totalmente acobardada, un Superior Tribunal de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados», le dijo Lula a Rousseff en una de las escuchas divulgadas.

Para el decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, dicha declaración constituyó una «grave ofensa» y una «grosera e injusta calificación» que «ofendió gravemente la dignidad del poder judiciario».

«Es un insulto al poder judiciario inaceptable. Manifiesto mi más absoluta repulsa», aseguró De Mello ante sus colegas del Supremo en una reunión plenaria en la que dijo que la ofensa «torpe e indigna es típica de mentes arrogantes y autoritarias».

En su carta abierta, Lula afirmó que pese a no haber tenido acceso a estudios formales ni ser un letrado, sabe distinguir lo correcto de lo equivocado y lo justo de lo injusto.

«Los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán dejar de creer en la institución del Poder Judiciario; no me harán perder la esperanza en el discernimiento, en el equilibrio y en el sentido de proporción de los magistrados de la Corte Suprema», agregó el expresidente, que dijo que lo único que espera es que se haga justicia en vigencia plena del Estado de derecho democrático.

Lula recordó que en los ocho años que ejerció la Presidencia siempre demostró su respeto por el Poder Judicial y dijo creer en la independencia armónica entre los poderes de la República.

La carta abierta es la primera declaración oficial de Lula desde que fue juramentado como ministro de la Presidencia, acto anulado de forma cautelar por dos jueces federales para quienes el nombramiento solo busca blindar al exjefe de Estado ante los procesos que enfrenta en la justicia.

Lula es investigado por los delitos de lavado de dinero y falsificación en una causa por corrupción que estaba en manos de un juez federal de la ciudad de Curitiba pero que tendrá que ser enviada a la Corte Suprema ya que, como ministro, obtuvo fuero privilegiado.

El nombramiento de Lula y la posibilidad de que el cambio de instancia dilate el proceso han generado protestas en las calles de varias ciudades de Brasil.