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BRASILIA (AFP).- La guerra contra la corrupción declarada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva permitió asestar varios golpes a ese mal endémico de Brasil, pero también destapó escándalos que sacudieron al gobierno, muchos de ellos relacionados con la financiación de campañas del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el poder).
El último escándalo es una muestra clara de las dificultades existentes para deslindar comportamientos.
La «Operación Vampiro» permitió desmantelar este mes una red que desde los años 90 arreglaba licitaciones para la compra de medicamentos, ocasionando perjuicios estimados en unos 2.000 millones de reales (645 millones de dólares, al cambio actual).
Pero en la cuadrilla estaba implicado el coordinador de Asuntos Logísticos del Ministerio de Salud, Luiz Claudio Gomes da Silva, quien ya había trabajado junto al ministro Humberto Costa en la alcaldía de Recife.
Algunas pistas apuntan a canales de financiación de la campaña de Lula en 2002, y se evoca la posibilidad de que la Policía Federal (PF) llame a comparecer al tesorero nacional del PT, Delubio Soares.
El PT, sin embargo, aduce que sus cuentas son claras, y para demostrarlo puso el miércoles en su sitio internet el detalle de las donaciones a la campaña hechas por las industrias farmacéutica y química, por un total de 1.567.000 reales (USD 505.000 dólares).
Lula hizo notar que la investigación fue pedida por el propio Costa, y advirtió que el caso no debía abrir polémicas «entre compañeros (…) que están juntos en el mismo barco».
El mismo día, el Ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, una figura externa al PT, muy respetada en la opinión, afirmó que la operación demuestra que «en este gobierno el combate contra la corrupción llegará hasta donde nunca llegó antes y atrapará a quien tenga que atrapar».
El gobierno también puede alegar que las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Policía Federal (PF), un cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia, y no por policías manejadas por los Estados.
La PF también tuvo a cargo los procedimientos que condujeron al arresto del chino naturalizado brasileño Law Kin Ching, acusado de dirigir una de las principales redes de contrabando del país, cuyo abogado habría tratado de sobornar al mismísimo presidente de la comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre piratería, el diputado Luiz Antonio de Medeiros.
«El gobierno se protege, pero deja que las investigaciones avancen», dijo a la AFP el cientista político David Fleischer, de la Universidad de Brasilia (UnB).
El gobierno asestó varios golpes que demuestran la amplitud de la gangrena que carcome a las instituciones de Brasil, país situado en el puesto 54 (sobre un total de 133 países) en el ránking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
A fines del año pasado, la Operación Anaconda desbarató una vasta red de ventas de sentencias judiciales, en la que participaban jueces, policías y empresarios.
Pero el gobierno también tuvo que encajar golpes duros, como el de la difusión, en febrero, de un video que mostraba a Waldomiro Diniz, un ex asesor del jefe de gabinete, José Dirceu, pidiendo coimas a un empresario del juego clandestino para financiar campañas del PT y otros partidos.
Otras denuncias incomodaron al PT.
La justicia investiga el asesinato en enero de 2002 del alcalde petista de Santo André, Celso Daniel, catalogado inicialmente como un crimen común, pero que según nuevas pistas habría sido abatido después de descubrir la existencia de una red de corrupción.
El mes pasado, una revista reveló sospechas de que una ONG ligada al PT y fundada por un amigo de Lula desvió 900.000 reales (290.000 dólares) de recursos destinados a la formación de trabajadores.
Esos casos erosionan la imagen del PT pero, según Fleischler, no tendrán gran repercusión en las elecciones municipales de octubre, salvo en las localidades directamente concernidas.
