BRASILIA,  (AFP).- El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, enfrentó esta semana una rebelión en la alianza que sostiene su gobierno, causada por el reparto de cargos públicos.

 El momento más amargo fue cuando el segundo mayor partido de la alianza de gobierno, el Partido del Movimiento Democrático (PMDB), se unió el miércoles a la oposición en el Senado para vetar el decreto que creaba una secretaría especial con rango ministerial.

 Disgustado por designaciones en la maquinaria pública, el PMDB fue decisivo para que el Senado derogase el decreto que creó la Secretaría de Planificación de Largo Plazo y que encabezaba desde junio el filósofo Mangabeira Unger. Ese organismo de rango ministerial, fue creado por Lula para agradar a otro partido aliado, el Partido Republicano (PRB), del vicepresidente José Alencar.

 Para en analista Carlos Lopes, de la consultora SantaFe Ideias, «el gobierno precisa de una ‘frazada’ mayor para cubrir a todos los partidos de su base de aliados».

 En la visión de Lopes esa frazada «permanece corta para cubrir la ambición por cargos, que está adquiriendo contornos de lucha fratricida».

 El PMDB, el partido más fuerte en las dos cámaras del Congreso, es fundamental para que Lula consiga aprobar leyes, aunque el intercambio exige que el gobierno haga concesiones en la distribución de cargos públicos. Para el gobierno, el Senado tiene en sus manos ahora una decisión clave, la renovación de la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF), y Lula precisa del apoyo del PMDB para ello. «No hay gobierno en Brasil que pueda gobernar sin los recursos generados por la CPMF», dijo Lula. El CPMF le rindió el año pasado al fisco, unos 40 mil millones de reales (20.000 millones de dólares al cambio de hoy).  Hace dos semanas, el gobierno y el PMDB llegaron a un acuerdo: no discutir nombramientos para cargos públicos hasta que la CPMF sea aprobada en el Congreso.