El apartamento ubicado en Guarujá de 240 metros, construido por una cooperativa de maestros cercanos al Partido de los Trabajadores (PT) y reestructurado en un tinglado de poder y la compañía constructora OAS podría liquidar, por la vía judicial, a todo un líder legendario. Luiz Inácio Lula da Silva, el referente sindical de la industria metalúrgica brasileña que pasó años en prisión, la dictadura militar le persiguió, la franja conservadora invirtió todos los recursos posibles para cerrarle el paso, pero su carisma y talento político lo llevaron a la presidencia de su país, encabezando un proceso de transformación sin precedentes.
El país crecía, la economía se posicionaba en un nuevo orden mundial y el giro ideológico iniciado en 1998 en Venezuela prendió en el 2002 cuando los brasileños votaron masivamente por una coalición de una amplísima diversidad donde se combinaron ultraconservadores, gente del centro y el variopinto de la izquierda carioca. Cuatro períodos en el gobierno hicieron una coalición invencible que, hastiada de triunfos, comenzó a transitar el camino de los excesos, la acumulación, los negocios y una dirigencia partidaria seducida por el dinero.
Cuando la operación Lava Jato sirvió de punto de investigación para desmontar toda la estructura de corrupción, en el continente se conocía perfectamente las relaciones cercanas de Marcelo Odebrecht con el liderazgo del Partido de los Trabajadores. Por eso, los viajes a países y cabildeos ante gobiernos amigos para validar las bondades de una empresa constructora de una innegable capacidad, pero de un desarrollo explicable en la medida que se conocieron las diabluras y sobornos para obtener licitaciones.
Ahora que los electores brasileños prefieren en un 20% de distancia del resto de los aspirantes, al líder del PT, resulta entendible que el mecanismo y/o circuito activado para impedir su regreso al poder sea el del expediente penal. Razones sobran: el tribunal de apelación de Porto Alegre ratificó la sentencia por corrupción y blanqueo de dinero, elevando la pena de 9 a 12 años de cárcel. Y aunque las opciones procesales permitan tocar las puertas del tribunal supremo, Lula da Silva sabe que necesita un aire hasta el 15 de agosto cuando finaliza el plazo de su inscripción como candidato presidencial.
La lectura humana de todo este tira y jala del drama político brasileño se hace extensible a las figuras partidarias de primer orden en el continente, que no terminan de entender lo pasajero del poder. Desafortunadamente, incurren en interpretaciones equivocadas en pleno ejercicio de sus mandatos, habilitando mecanismos de acumulación, combinando entendimientos financieros para “después” que concluyen siendo materia de procesos donde tanta historia, sacrificios y hoja de vida se diluyen por la confesión y delación del club de filibusteros que se aproximan en tiempos de gracia para terminar “sapeando” al dador de los favores.
El Lula da Silva histórico no merece un tortuoso proceso debido a la “confesión” del empresario Leo Pinherio. Y es que la política mal entendida como una lucha sin piedad crea las condiciones para que las debilidades sean aprovechadas por los contrarios que siempre tendrán las “argumentaciones” legales y la estructura mediática, para liquidar éticamente a sus competidores.
Lo cierto es que en el espectro político brasileño no se vislumbra un competidor en capacidad de derrotar por la vía electoral a Lula da Silva. Grave y traumático resulta el hecho de seleccionar a un candidato con tantos procesos pendientes y sujeto al peso de la llamada Ley de Ficha Limpia, firmada en el 2010 que impide la aspiración a toda persona que haya sido condenada por un tribunal con más de un juez.
La lección debemos asimilarla con bastante inteligencia, ya que los políticos están obligados a deslindar los campos entre el dinero la política.