El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que no tomará el género o la raza como criterio para seleccionar al próximo candidato para el Supremo Tribunal Federal, pese a la petición de activistas y asociaciones judiciales de que nombre a una mujer negra.

“El criterio no va a ser ese; voy a escoger a una persona que pueda atender el interés y la expectativa de Brasil”, declaró en una rueda de prensa Lula, quien evitó aclarar cuándo anunciará el nombre para la vacante que se abrirá a principios de octubre con la jubilación de la actual presidenta del tribunal, Rosa Weber.

El mandatario destacó, además, que elegirá a alguien que “tenga respeto, pero no miedo” de la prensa y que vote “adecuadamente” sin estar pendiente de lo que dicen los medios de comunicación.

Después de que Lula nombrara en junio a su abogado personal Cristiano Zanin para otra vacante, una coalición de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de juristas lanzó una campaña que ha recibido miles de firmas y el apoyo de la ministra de Igualdad Racial, para proponer que el mandatario nombre a una mujer negra.

En 132 años desde la instauración de la república, el Supremo Tribunal ha tenido solo a tres hombres negros y tres mujeres blancas, pero a ninguna mujer negra, si bien el 56 % de la población brasileña se considera afrodescendiente.

En su primer mandato como presidente (2003-2006), Lula nombró a Joaquim Barbosa, el tercer y último hombre negro en llegar al tribunal y que se jubiló en 2014.

Pese a las reclamaciones por la falta de representatividad, los favoritos esta vez son hombres nombrados por Lula para otros cargos en el Ejecutivo- Flávio Dino, ministro de Justicia, y Jorge Messias, abogado general de la Unión.

Al mismo tiempo, el presidente se pronunció este lunes contra la “disputa entre el poder político y el judiciario”, y a favor de que “cada uno cumpla su función” y que el “poder judicial juzgue».

El Supremo Tribunal tiene actualmente en sus manos juicios sobre temas sensibles como el aborto y la descriminalización de la marihuana, rechazados por gran parte de un Congreso dominado por partidos conservadores.