El país debe ir hacia una distensión en el tema de la nacionalidad y la inmigración. Es deseable que contribuya a esa distensión la reunión que se adelanta desarrollará, con la intermediación de Venezuela. Si Haití demuestra disposición para jugar un papel significativo, dotando con rapidez de actas y pasaportes haitianos a cientos de miles de sus habitantes que se supone habitan irregularmente en el país, enhorabuena.

En un reciente informe sobre el impacto que ha tenido en el país la sentencia que regularía el acceso a la nacionalidad dominicana, la Junta Central Electoral dio a entender que las autoridades dominicanas tratarían de llevar a cabo la regularización de indocumentados sin exigencias extremas. Además, pareció reconocer el valor que podría tener una simple ficha de cortador de caña para que cualquier extranjero tenga la posibilidad de demostrar que su presencia en el país ha tenido una base documental y que su estada ha sido lo suficientemente larga para haber creado vínculos de identificación con el país.

Además, el Presidente Danilo Medina ha manifestado interés por tratar de resolver el problema de los inmigrantes afectados por la sentencia con gran sentido humanitario. Las autoridades han reafirmado que no hay plan de deportaciones masivas a causa de la sentencia. Existen condiciones para buscar soluciones echando bastante de lado la retroactividad.

Un  homicidio aún impune

El 21 de octubre pasado fue muerto a tiros en Navarrete Kendry Rodríguez, un joven de 13 años, durante manifestaciones violentas ocurridas allí. Su familia afirma que lo mató una patrulla de la Policía y se queja porque sus integrantes no han sido sometidos a la justicia. Francisca López, tía de la víctima que dice haber visto cómo ocurrieron los hechos, afirma que está siendo amenazada de muerte para que retire la querella contra los policías de la patrulla.

Siempre hemos criticado la parsimonia conque las autoridades tratan los casos de personas muertas en protestas callejeras, y este parece ser un caso más. La señora López dice que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, tienen los detalles de este homicidio. Ya es tiempo de que el expediente por esta muerte transite el curso que corresponde en un Estado de derecho.