Luz tiene 26 años, un esposo y dos hijos pequeños. Llegó al hospital por un fuerte dolor de cabeza, náuseas y somnolencia. Pensó, al principio, que eran cosas del embarazo. Pero qué va, ¡todo era culpa de una hemorragia cerebral producida por una malformación que los médicos le acaban de descubrir!
La situación de Luz es delicada. Los neurólogos que la vieron por primera vez dijeron que era necesario interrumpir el embarazo para tratarla neurológicamente puesto que el tratamiento podría traer consecuencias muy adversas para el feto. Posteriormente, sin embargo, las autoridades decidieron priorizar el embarazo: ellos dicen que la vida de Luz no está en peligro y que, a pesar de la hemorragia, pueden esperar que tenga al bebé para tratarla.
Al tomar la decisión, amparándose “en la literatura médica”, olvidan que el embarazo puede “potenciar cualquier situación” o, lo que es lo mismo, alguna complicación que ponga en peligro la vida de Luz. Pese a ello, es preferible jugar a ser conservadores y defender el embarazo por encima de la vida de Luz.
¿Cómo priorizar a Luz en una sociedad en la que el aborto es un pecado? Si ella muere, ¿qué pensarán los médicos que la atienden? ¿Quedarán tranquilos? Claro, porque es lo que establecen la Constitución y el Código Penal: las mujeres no somos más que incubadoras, ese útero con piernas presto a parir aunque eso sea una condena de muerte.
¿Cuántas mujeres más tendrán que morir por un embarazo? Habrá que preguntárselo al Senado, que sigue ignorando las observaciones del Presidente al Código Penal. ¡Gracias por matarnos!