Nos encontramos ante un año nuevo, premonitorio de grandes sacrificios para la mayoría de los dominicanos. Como resultado de acciones erradas, tanto por parte de los gobernantes de turno como de notables representantes de la esfera empresarial privada, tendremos que pagar con nuestros bolsillos los desmanes de aquellos en quienes colocamos nuestra confianza. Muy a pesar nuestro, muchos de los responsables de la grave crisis nacional quizás salgan exonerados de culpa, y nosotros, los tontos útiles, presenciaremos como se repite la historia del «borrón y cuenta nueva». Dijimos quizás. No obstante, si ocurre un verdadero cambio hacia gobernantes comprometidos con el futuro del país y las voces airadas de los burlados se hacen escuchar con suficiente fuerza, quizás el 2004 resulte ser un año definitorio para la construcción de una más sólida democracia dominicana.

Es preciso señalar que la crisis por la que atravesamos no es sólo asunto de un partido político o facción del mismo, o de algunas manzanas podridas dentro del sector empresarial. Debemos entender que la pústula que reventó en el 2003 es también producto de un mal sistémico que viene desarrollándose desde hace tiempo, consecuencia de varias causas, entre las que podemos citar: la falta de liderazgo con visión de futuro; una clase política imbuida de la inmediatez y el clientelismo; la concentración del poder económico en pocas manos; la crisis de valores y ausencia de criterios éticos que normen la conducta ciudadana; la ausencia de un proyecto de nación y avasallamiento de lo nacional por lo global; el exagerado consumismo impulsado por un capitalismo que no conoce limitaciones en su afán de lucro; la creciente dependencia, tanto económica como ideológica, de los préstamos y ayudas internacionales; la actitud sumisa, especialmente de la clase media, ante los atropellos provenientes de la autoridades, los políticos y los agentes económicos carentes de sentido de equidad, protegidos por el manto de la impunidad; entre otras causas.

Los escándalos financieros no son exclusivos de los dominicanos. En años recientes, hemos sido testigos de grandes quiebras fraudulentas en los Estados Unidos de América. Y hace muy poco, el desplome del gran gigante de la industria láctea europea, la italiana Parmalat, con manejos contables muy parecidos a los utilizados por nuestros banqueros criollos. Igualmente, las crisis políticas no son ajenas a los países ricos e industrializados. El presente dilema dominicano consiste en que hemos fusionado una aguda crisis económica con una aguda crisis política, en un país que padece de la necesaria institucionalidad para resolver sus conflictos en forma estructurada, aunque hemos contado con el poder mediador de la Iglesia y de los Estados Unidos para resolver nuestros conflictos en ocasiones anteriores. No obstante, este es un conflicto que rebasa, en nuestra opinión, la capacidad negociadora de un Monseñor Agripino Núñez o del Embajador Norteamericano.

Como una solución a la crisis interna de los partidos PRD y PRSC, se cursa en el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Lemas que permitiría a las agrupaciones políticas postular a más de un candidato para una posición electiva. Esta solución, que tiene sus ventajas, tiene aun más desventajas, entre las que podemos citar: más que evitar las subdivisiones partidarias, la Ley de Lemas contribuye a la fragmentación y debilitamiento de los partidos, como ha sido el caso en la Argentina y en el Uruguay; el elector no sabe a ciencia cierta a quien beneficiará en última instancia con su voto; puede ocurrir que el candidato (sublema) que más votos alcance individualmente no pertenezca al partido que mayor cantidad de votos obtenga y que, por lo tanto, no gane la elección; el sistema implantado por la Ley de Lemas hace mucho más complejo y costoso el proceso electoral y crea dificultades a los votantes, siendo esto especialmente cierto a nivel de las elecciones municipales. Como ejemplo de lo último, en la provincia de Santa Fe, Argentina, el pasado 7 de septiembre, se presentó un total de 44,000 candidatos para 520 posiciones electivas, lo que arrojó un candidato por cada 51 electores santafesinos empadronados u 85 candidatos por cada posición.

Basta ya de tratar de acomodar las leyes y la Constitución de la República para paliar situaciones coyunturales. Si bien necesitamos una reforma constitucional, la misma debe ser el producto de un consenso nacional que tenga como objetivo una verdadera reforma política, que garantice la elección de representantes que sean personas idóneas, capaces y transparentes para ocupar los cargos claves de nuestro sistema republicano. Creemos que estamos en un momento histórico que no podemos desperdiciar aprobando leyes y reformas improvisadas hechas a la medida del momento.