Las verdaderas causan que provocaran el abismo económico, social y espiritual en que nos encontramos van mucho más allá de una crisis financiera y económica, las cuales serían superadas por una serie de medidas de carácter económico. Esta crisis ha puesto de manifiesto la grave situación en que se encuentran nuestras instituciones políticas: sistema de partidos, sistema electoral e instituciones públicas encargadas de salvaguardar los derechos y la soberanía del pueblo dominicano. Ya, en el siglo XIX, el destacado intelectual dominicano, Américo Lugo dijo: «Los gobiernos dominicanos nunca han sido servidores del pueblo, sino sus dominadores… Representan la injusticia revestida de legalidad». Se trata, amigos lectores, de que necesitamos también una verdadera transformación política, como ha sugerido el distinguido investigador y académico Dr. José Antinoe Fiallo Billini: «Se trata, por lo tanto, de dejar la vacilación, el culebreo y las medias tintas…», si queremos superar el círculo pernicioso de pobreza, corrupción, violencia social e incompetencia en el manejo de la cosa pública.

Para sentar las bases institucionales que nos prevengan caer de nuevo en una situación como la que atravesamos, debemos establecer una consulta nacional en la que toda la sociedad dominicana se encuentre representada, y nos aboquemos a democratizar nuestro sistema político de manera que se evite la concentración de poder, se mejore el control del ejercicio de los poderes del Estado y se fortalezca la soberanía ciudadana. Es, en pocas palabras, transitar desde una democracia electoral hacia una democracia participativa, en la que todos nos sintamos con autoridad para opinar y decidir sobre las políticas públicas que nos afectan.

La reforma integral del Estado de la que hablamos incluye reformas de fondo en varios frentes: constitucional, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y sistema de partidos. Nuestra constitución debe ser reformada y actualizada mediante una Asamblea Constituyente, pero no sin antes contar con un ponderado análisis multidisciplinario que señale los lineamientos generales de la reforma que se persigue, lo que debe incluir un certero diagnóstico de nuestras históricas fallas institucionales. La reforma del Poder Ejecutivo debe consolidarse en por lo menos tres grandes ejes o sectores: Desarrollo Social y Económico, Seguridad Nacional y Justicia y Orden Público. Como línea general para esta reforma, la misma debe estar dirigida a convertir el Poder Ejecutivo en un ente de trabajo mancomunado de planificación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a lograr el bienestar de los dominicanos, su seguridad ciudadana y la defensa de los derechos constitucionales y humanos de los dominicanos. Como parte de esta reforma, las funciones del Poder Ejecutivo deben descentralizarse por regiones, provincias y municipios, de tal manera que las instancias del poder para planificar, elaborar, ejecutar y fiscalizar las políticas públicas lleguen lo más cerca posible de la ciudadanía afectada por tales acciones.

En cuanto al Poder Legislativo, coincidimos con la opinión de otros analistas que consideran que el Senado de la República deber ser eliminado y crear una única Asamblea Nacional de Representantes. Estos representantes, o diputados, no gozarían de exoneraciones y otros privilegios, pudiendo su mandato ser revocado por las comunidades que los eligieron, a los que deben rendirles cuentas públicas de su gestión cada seis meses. Debe establecerse claramente la incompatibilidad entre las funciones de los magistrados del Poder Judicial y la actividad política. Asimismo, debe procurarse la transparencia de los juicios eliminando toda fase secreta después que se haya iniciado el apoderamiento de un caso a los tribunales de la República. Los jueces del Poder Electoral que no solo deben ser abogados deben escogerse mediante un sistema similar al establecido por el Consejo Nacional de la Magistratura. También, la estructura de la Junta Central Electoral debe modificarse de acuerdo a criterios de gerencia pública moderna para hacerla más efectiva, eliminando su actual atomización.

El sistema de los partidos políticos requiere grandes cambios para asegurar la renovación periódica de sus dirigentes, garantizar que los cargos partidarios estén en manos competentes y honestas, controlar el patrimonio del partido y sus funcionarios, establecer la incompatibilidad entre el ejercicio de cargos partidarios con funciones públicas y fortalecer el funcionamiento de los Tribunales de Etica partidaria. Un tema de mucha importancia en esta reforma es el financiamiento de los partidos y la rendición de cuentas de los aportes recibidos como donaciones, lo que debe ser sujeto de un minucioso estudio por un equipo multidisciplinario.

Repetimos, para finalizar, se requieren medidas de carácter político en adición a las económicas. Confiamos en que las futuras autoridades estén percatadas de esta imperiosa necesidad.