Madre de teniente coronel ultimado en Valverde dice no recibe apoyo de autoridades para esclarecer asesinato

La madre del teniente coronel piloto Ramón Israel Rodríguez Cruz dijo no estar recibiendo ningún apoyo del Gobierno, la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) ni la Policía Nacional tras el asesinato de su hijo el pasado 24 de diciembre, durante un hecho aún no esclarecido en la provincia Valverde.

Altagracia Cruz criticó el hecho de que otros casos ocurridos luego del asesinato de su hijo, estén recibiendo mayor atención y respaldo por parte de las autoridades mientras el suyo sigue en espera.

“Le preguntaría al Presidente que qué diferencia hay entre el hijo mío y los demás casos… que si el hijo mío era de otro planeta”, sostuvo Cruz durante una entrevista en el programa “Tu Mañana by Cachica”, transmitido por la emisora 91.7 FM y todas las redes sociales de Cachicha.

“Yo como madre o he recibido apoyo de ninguna de esas instituciones, ni siquiera una palabra de aliento…no, a mí como su madre no me lo han dicho nunca”, dijo en referencia a las instituciones castrenses.

Al referirse al caso judicial por la muerte de su hijo, cuya audiencia será realizada mañana jueves, dijo confiar en que la procuradora general Miriam Germán aplique una justicia transparente y que no se deje presionar por intereses opuestos.

Reiteró su convicción en que el asesinato de Rodríguez Cruz, de 37 años de edad, fue planificado por lo que exige se aplique todo el peso de la justicia a los responsables.

Se recuerda que, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Ramón Israel Rodríguez Cruz, fue ultimado por dos agentes de la Policía Nacional durante un confuso incidente el pasado 24 de diciembre en el distrito municipal Guatapanal, en la provincia Valverde.

Por la muerte del militar piloto están detenidos el sargento mayor Librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez, quienes son los miembros de la Policía Nacional que integraban el equipo de patrullaje preventivo involucrado en el suceso, a los que se le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.