“Al manejo imprudente ponle freno, por el valor de la vida, pare en la luz roja, por su seguridad”, expresa la campaña Pare iniciada por Sandra Acta en memoria de su hijo.

POR FERNANDO QUIROZ
 Sandra Acta y Felicia Rodríguez son dos madres unidas por el dolor. Sus vidas, expresan ellas, están mutiladas, existen, pero no viven, luego de que dos de sus hijos, en hechos separados, perdieran la vida a causa del manejo temerario de conductores.

Sus voces tiemblan de la rabia ante la realidad de que los responsables de provocar la muerte de sus vástagos no han sido sancionados por la justicia, y creen que es de dominio público que son protegidos por las autoridades.

La señora Acta perdió a su hijo Johan Enrique Pou Acta, de 20 años de edad, el 31 de julio de 2003 por un conductor que violó la luz roja. El joven Pou Acta era estudiante de arquitectura.

Doña Felicia dijo que conductores cobardes, en competencia,  apagaron la vida de su hijo Eduardo David Rodríguez, de 18 años, estudiante de medicina, hace hoy cinco meses. Las damas, quienes participaron en La Esquina Joven, coinciden en que las autoridades del país dan asco, y que sólo les interesa mantener sus cargos o están muy ocupadas en política. Le preguntan al presidente Leonel Fernández porqué se permiten las frecuentes competencias de autos en las calles de la capital, cuando en la mayoría de los casos se trata de hijos de funcionarios del gobierno, de empresarios, legisladores u otras figuras poderosas.

Son muchos los casos, añaden, en que se ha llevado luto a familias por causa de estos conductores imprudentes y temerarios, pero en la mayoría de los casos no se tiene el valor para denunciarlos o se desconocen los pasos a seguir.

Les consta, señalan, que muchos policías que encuentran a “jevitos” drogados o bajo alcohol (ellas los llaman terroristas)haciendo competencia de madrugada, en vez de detenerlos, investigan de quiénes son hijos y muchas veces los llevan hasta sus casas por temor a una cancelación.

CASO EDUARDO

Enojada e impotente, doña Felicia narra el caso de su hijo Eduardo. Fue atropellado por dos vehículos de un grupo que hacía competencia con las luces apagadas a las 8:30 de la noche del domingo 11 de junio pasado, en la avenida 27 de Febrero, próximo a la calle Privada, a pocos metros de su casa.

Rodríguez, de 18 años, estudiante de medicina, intentó cruzar la avenida en compañía de tres amigos.    “Doña Felicia!, atropellaron a uno de sus muchachos en la 27”, recuerda ella que escuchó desde el tercer piso donde vive a personas que llegaron en una camioneta al estacionamiento.

Mientras caminaba al lugar del choque iba con la creencia de que no fuera algo grave. Sin embargo, se encontró con la dura realidad de que su hijo yacía en el pavimento sin vida.  Llorando, escuchaba las versiones de que su hijo, de casi seis pies de tamaño, y unas 180 libras, “voló por los aires” con el impacto del primer vehículo que iba en competencia.

Lo más triste del caso, agregó, fue que su hijo cayó  boca arriba, y levantó la cabeza, por lo que uno de sus compañeros   trató de ayudarlo, pero tuvo que abandonar el lugar ante la velocidad que se desplazaba otros de los vehículos en competencia que terminó con la vida de Eduardo.   Los dos conductores nunca se detuvieron.

De 8:30 a 11:30 de la noche se mantuvo su hijo en el pavimento, a la espera de un médico legista. En tanto, a la señora Felicia le extrañó el aparataje militar que se montó en el lugar, y la presencia de un oficial del J2 (inteligencia militar), quien le preguntó a un hermano que si la familia tenía algún alto militar activo.

Desde entonces ha pensado que alguien “muy grande” ordenó inmediatamente trasladarse hasta ese lugar para ocupar evidencias y encubrir a los responsables del hecho.

Dijo que en este país las autoridades dan asco, pues les importa más un cargo que una vida humana.

Alguien le contó que el día que sepultaban a su hijo en el cementerio Cristo Redentor, un joven expresaba que un amigo la noche anterior le había dado “un fundazo en la 27” a un tipo. Llegaron hasta él para investigarlo, pero no se pudo continuar la indagatoria porque era hijo de un diputado.

Felicia se queja de que la Policía nunca investigó, y recordó la disputa pública entre el jefe policial, mayor general Bernardo Santana Páez, y el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, cuando ambos funcionarios se “devolvían la pelota para no actuar en el caso”.

“Uno siente que la vida se le detiene, se le paraliza. Tengo otros dos hijos ingenieros, y la próxima meta era ver graduar al más pequeño”, expresó con tristeza doña Felicia. Ella admite que tiene poca esperanza de la justicia dominicana.

JOHAN ENRIQUE

Con lamento, doña Sandra expresa que si su hijo viviera fuera un arquitecto con 24 años de edad, con aportes para el país.

En su caso se logró en casación en la Suprema Corte de Justicia una condena de dos años de prisión contra el conductor Domingo Antonio Jaime del Pozo.

Jaime del Pozo, desde primera instancia, fue encontrado culpable de violar la luz roja del semáforo en la avenida Núñez de Cáceres a esquina Rómulo Betancourt e impactar el vehículo donde viajaba el joven Pou Acta, quien sufrió muerte cerebral.

Recordó que ese conductor sólo duró unos cinco días detenido en AMET, y desde entonces, pese a las órdenes judiciales de prisión, nunca ha sido apresado por la Policía, pese a que se tiene constancia de que vive en Manoguayabo.

Desde el 18 de enero pasado una orden de un juez de ejecución de la pena tampoco se ha cumplido.

Doña Sandra, en respuesta a versiones malintencionadas que afirma han puesto a correr, dijo que nunca venderá la memoria de su hijo y que la perseverancia que mantiene desde hace más de tres años hasta que la persona que mató a su hijo pague sus dos años de prisión en la cárcel de La Victoria.

En los juicios, manifestó, ha sido difamada con la insinuación de que busca dinero de los peloteros Pedro y Ramón Martínez, quienes son primos de Jaime del Pozo. “Esto no es negociable”, advirtió.

Sandra tiene otro hijo de 25 años, quien sufrió el dolor de tener que sacar a su hermano del vehículo accidentado, en compañía del personal de la ambulancia. Seguirá su lucha, insistió. 

Lo único que firmó, dijo, fue una descarga a favor del pelotero Juan Guzmán, propietario de la yipeta Ford, que conducía Jaime del Pozo. Recibió una indemnización en lo civil de RD$4.3 millones, pero nunca dejará de velar hasta que se cumpla la condena en lo penal.

Agradece, insistió, las investigaciones que recientemente ha dispuesto el fiscal del Distrito Nacional sobre el caso.

La señora Sandra Criticó que en el país no se haga la prueba del alcohol a los conductores. Recordó que su caso se produjo cuando era jefe de la Policía el mayor general Jaime Marte Martínez.

Criticó, igualmente, lo obsoleta que es la Ley 241, que sólo castiga con RD$5 a RD$25 la violación de una luz roja de un semáforo.

Ningún gobierno, señaló, se ha preocupado por actualizar esa legislación.

“Al manejo imprudente ponle freno, por el valor de la vida, pare en la luz roja, por su seguridad”, expresa la campaña Pare iniciada por Sandra Acta en memoria de su hijo.