CARACAS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que expropiará las empresas que incumplan la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30%, y que empresarios aseguraron impugnarán por considerarla «inconstitucional». «No me subestimen, sectores de la burguesía.

Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo», dijo este martes Maduro desde el Cuartel de la Montaña en un evento para conmemorar los 22 años del golpe militar del 4 de febrero liderado por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

«Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar», agregó.

El empresariado venezolano anunció este martes que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta ley -promulgada por Maduro el pasado 24 de enero para combatir una supuesta «guerra económica»- por considerarla «inconstitucional».

«Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la ley de precio justo», dijo en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecamaras), que reúne gran parte del empresariado.

En Venezuela, la inflación alcanzó 56,2% en 2013, la mayor de América Latina; la escasez de productos llegó a 22,2% en diciembre y el crecimiento del PIB fue de 3%, contra 6% pronosticado inicialmente.

Roig detalló que el carácter «inconstitucional» de esta radica en el hecho de que declara como materia de «utilidad pública» a toda la cadena nacional, cuando la constitución estipula que «el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico».

Según el presidente de Fedecamaras, esta ley «confisca» la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones.

«Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el estado sin el pago oportuno», dijo.

La norma establece ganancias máximas de 30% y arduas penas administrativas y penales, que van de 2 a 12 años de prisión, para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes.