CARACAS.  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentó este miércoles la primera jornada de una huelga de 48 horas con saldo de un muerto y recibió sanciones de Estados Unidos, a tres días de la elección de su controvertida Asamblea Constituyente.   En medio de una creciente presión internacional, Estados Unidos anunció sanciones contra 13 funcionarios, bajo la advertencia de que quien se sume a la Constituyente quedará «expuesto a potenciales» penalizaciones.

El mandatario calificó la medida de «insolente», en un acto público en el que condecoró a los sancionados con una réplica de la espada del héroe de la independencia Simón Bolívar. «¡Los hijos de Bolívar no se rinden!», clamó.   Mientras tanto, la convulsión en las calles era mayor: Militares y policías lanzaron andanadas de perdigones y bombas lacrimógenas contra manifestantes, que los enfrentaron con piedras y cócteles molotov en Caracas y otras ciudades.

En Ejido, en el occidental estado Mérida, un hombre de 30 años murió durante una manifestación, elevándose a 104 los fallecidos en cuatro meses de protestas que exigen la salida de Maduro. Miles han resultado heridos y detenidos, con un centenar de arrestos este miércoles.   La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el viernes una gran marcha en Caracas y amenazó con «boicotear» la elección, el domingo, de los 545 asambleístas de la Constituyente, con la que temen se instaure el comunismo en Venezuela.

Fuerte rechazo

La Constituyente es rechazada por 70% de los venezolanos según Datanálisis y ha sido criticada por gobiernos latinoamericanos y europeos, y más duramente por Estados Unidos.

Entre los sancionados por Washington figuran la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, y otros impulsores de la Constituyente, acusados de «quebrantar la democracia», como el ministro Elías Jaua (Educación) y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab. También el ministro Néstor Reverol (Interior), por represión de las protestas.   La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su «preocupación» por informes sobre violaciones de derechos humanos y llamó a «poner fin a la violencia» y respetar «el Estado de derecho».   Pero Maduro no muestra señales de retroceso. Más bien insiste en que la Constituyente «ya es un hecho»: «Aquí lo que viene es paz», dijo este miércoles.   La MUD no participará en la Constituyente, alegando que no fue convocada en referendo y que el sistema de elección fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida que garantice su permanencia en el poder.

La fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, advirtió que será un «cheque en blanco» y llamó a los venezolanos a jugarse todo para detenerla.   El gobierno puso a toda marcha la maquinaria del partido socialista para el domingo, en tanto que la Fiscalía pidió a los venezolanos denunciar presiones para que voten.

Según analistas, una alta abstención restaría legitimidad a la Constituyente, frente a los 7,6 millones de votos que la MUD asegura que obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.