La profesora María Rodríguez Montero espera por el curso de las dos querellas que interpuso en la fiscalía de Villa Juana, Distrito Nacional, contra el director del Politécnico Unión Panamericana, Evangelista Batista Roa, al que imputa acoso verbal, sicológico y sexual. La primera la depositó el 25 de febrero de 2022, la otra el 24 de ese mes pero este 2023.

Mas, narra que ni siquiera le han permitido una copia del segundo expediente, que la única respuesta ha sido su suspensión y el Ministerio Público argumenta que aguarda a que el de Educación remita la evaluación sicológica que le hizo.

“Esto pese a que me insultaba delante de mis compañeros, insistía en que tenía ya el tiempo acumulado para retirarme, lo que no es cierto, divulgaba datos personales, y hasta me agarró los glúteos, delante de estudiantes”, cuenta.

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El acusado sigue activo y hasta imparte clases, aunque a instancias de la sociedad de padres y amigos fue nombrado regente el padre Wilfredo Montaño.

La maestra, con tres proyectos de matemática innovadora con los que ha ganado dos concursos del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, indica que después de la primera querella los ataques arreciaron y relata un escenario de maltratos y humillaciones, contra el que dice no ha tenido respaldo, solo más agresiones y amenazas.

Expone que ha sido convocada junto a su presunto acosador al distrito educativo 15-03, donde la directora, Francia Gisela Chalas, la ignoraba y que la última vez, el 24 de febrero, Wellington Mejía, director interino de Pensiones y Jubilaciones de Educación y Scarlyn Rivera, de Gestión Humana, de la regional 15 la insultaron y conminaron a entregar su teléfono celular, que revisaron.

Dice que Mejía le vociferó que fuera donde quisiera y a la Procuraduría y que para rematar, en el plantel le impidieron la entrada, “por disposición superior”. Ese mismo día interpuso la segunda querella.

La docente expone que después del primer sometimiento, Batista acordó con un sector magisterial y del Minerd que no la asediaría, lo que asegura no cumplió y que la perseguía, que incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudia otra carrera, parqueó el vehículo detrás del suyo.

Rodríguez Montero le atribuye recolectar cédulas de docentes con engaño para fingir apoyo colectivo.

En la fiscalía habría depositado un acuerdo sin autorización de la agraviada, que denuncia que todo es una trama, que el dirigente gremial Julio Antonio Pérez Féliz no ampara a los profesores y que ya antes sufrió persecución.

Denuncia que la primera vez, para retirarla aprovecharon una intoxicación con pintura sufrida en el centro.

“Me sacaron y nunca recibí el dinero por compensación de salud, pero jamás dejé de asistir al liceo. Dios me puso a un adepeísta para ayudarme, Samuel Sena”, concluye.