El examen objetivo de los requisitos a llenar para un retorno a las aulas, subordinado siempre al comportamiento favorable de los índices de contagios del virus SARS-CoV-2, se presenta ahora mismo como punto de partida para normalizar la docencia.

El país tiene que enfilarse hacia una presencialidad gradual y sectorial pues el embate de la pandemia no es homogéneo ni en los distritos escolares ni en los segmentos por edad del estudiantado.

Conceder prioridad a los profesores en la aplicación de vacunas, que ágilmente avanza, se presta para ser la piedra angular que permita relacionar en directo a profesores y alumnos. En niños, el virus es de efectos leves y aunque se entienda que pueden transmitir la infección, la inmunización coloca a los docentes tras un efectivo escudo contra la enfermedad que va amparando a la población.

Aunque no existe unanimidad sobre la reactivación in situ de aprendizajes, son mayoría los sectores que prefieren lograr el reencuentro de educadores con estudiantes bajo condiciones mínimamente seguras.

Las clases a distancia no solo arrojan bajos rendimientos de asimilación en la muy poblada fase inicial y de primarias.

Además afecta emocionalmente a gran parte de esa colectividad, como tenía que ocurrir por lo inusitado de la desvinculación de la forma ordinaria de transmitir conocimientos.

Los profesores deben ponerse en reflexión y ser escuchados.

Escándalo hoy, omisión de ayer

El país nunca tuvo plena conciencia de los perjuicios que le sobrevendrían de la concesión para construir la carretera a Samaná a una firma privada que luego la cobraría desproporcionadamente a los contribuyentes.

Un fatídico episodio de ejercicio legislativo de espaldas al pueblo, sin que el contrato de entrega generosa a intereses particulares fuera puesto en debate, abierto al examen minucioso de contenido. A tiempo para evitar los adversos resultados.

Cláusulas que garantizan beneficios ilegítimos a quienes ahora vienen cobrando más del doble de lo que realmente costó la obra funcionan como candado legal en el que no se reparó, o no se quiso reparar, en los poderes del Estado por los que discurrieron, desde los que no se defendió el interés nacional, una escandalosa omisión -digámosle así- que escapa a sanciones.