El presidente Danilo Medina anunció, en diciembre del año recién pasado, que su gobierno diligencia la traída al país de profesores extranjeros para capacitar a sus pares dominicanos en varias áreas del saber. Como veremos más adelante, se trata de una medida a la cual hemos tenido que recurrir  desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. Nos sorprendió que una práctica tan común como ésa  provocara  tantos comentarios.

Expertos en educación, y personajes de la vida pública interesados en el tema, se han manifestado a favor de la propuesta del presidente Danilo Medina de que su gobierno contrate profesores extranjeros. Nos unimos a quienes se sienten complacidos con esa medida del mandatario peledeísta. Pero, ante el asombro de muchos, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación de Maestros (ADP) y militante del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, se mostró contrario a la misma. Esta vez, el dirigente adepeísta reaccionó como él lo entiende que es: un líder sindical representativo  de los docentes que laboran en escuelas públicas.

Un error recurrente de parte de los directivos de la ADP ha sido el de creerse que los maestros somos obreros –algunos de ellos se autodefinen como trabajadores de la enseñanza- y patronos, las autoridades del Ministerio de Educación, a pesar de que a nosotros, maestros de escuelas y de universidades públicas, económicamente nadie nos explota puesto que, en nuestro ejercicio profesional, no producimos plusvalías.

El proceso de la conquista y colonización de América vino aparejada con el trasplante de las instituciones docentes europeas al Nuevo Mundo. En el caso nuestro, religiosos y sacerdotes de diferentes Órdenes  fundaron aquí escuelas y universidades llamadas a satisfacer los deseos de saber de pequeños y grandes núcleos poblacionales.

Fue después de proclamada la Independencia que los dominicanos comenzamos a estructurar un sistema de instrucción pública y a regular, mediante leyes, la forma y manera en cómo éste debía de operar. Lo hicimos, y continuamos haciéndolo, sin prescindir de la ayuda de personas venidas de otras naciones.

En efecto, el 6 de noviembre de 1844, luego de ser juramentado como Presidente Constitucional de la República, el general Pedro Santana nombró a Tomás Bobadilla y Briones como Ministro de Justicia e Instrucción Pública, constituyéndose éste en el primer funcionario de alto nivel relacionado con la educación. En abril de 1845, Manuel María Valencia dictó la primera Ley de Instrucción Pública.

 En tiempos de la Primera República, profesores extranjeros como Mr. Charles Piet, Pierre Malespine, Francisco Obregón, Francisco Charboneau, entre otros, impartieron docencia en  escuelas primarias y dirigieron centros  de estudios superiores.