POR UBALDO GUZMÁN MOLINA
Un grupo de maestros del sector público planteó ayer que se desconoce el destino que han dado las autoridades a RD$1,115 millones que le fueron descontados a los maestros para los sistemas de seguridad social, mientras que los que debieron ser jubilados y los enfermos están totalmente desamparados.

María Teresa Cabrera, coordinadora nacional de la Corriente Juan Pablo Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), planteó que los recursos que les han descontado a los maestros por concepto de seguridad social debían estar en las arcas Instituto Nacional de Bienestar Magisterial.

«No sabemos exactamente en qué institución están esos recursos. Se trata de los recursos orientados a garantizar determinados servicios del maestro», expresó.

Explicó desde julio del 2003 se acumulan RD$50 millones por mes, mientras los maestros jubilados, que deben tener un capítulo especial en el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, están desamparados.

Indicó que no se sabe cuál será el destino del Régimen de Pensión y Jubilación establecido en la ley 66-97 para los maestros.

«Queremos discutir con las autoridades la ubicación de esos recursos y que vayan donde tienen que ir, que es al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial», dijo.

Expresó que julio del 2003 se designó el director del Instituto y debió comenzar a operar, pero no lo ha hecho, «porque los recursos que debe recibir no están llegando».

Expresó que se pretende afiliar a los profesores a una administradora de servicios de salud (ARS), lo que provocaría una pérdida del 50% de los beneficios del Régimen de Pensión y Jubilación.

Señaló que mientras ocurre esa situación, el seguro médico de los maestros se cae a pedazos y cada vez tienen que pagar más por una cirugía o un análisis rutinario.

Es tiempo, dijo, de que las autoridades resuelvan los casos de los profesores cancelados y los reclamos de aumento salarial.

Señaló que el derecho a un salario decente a cualquier profesional no constituye un privilegio y que será imposible seguir hablando de mejorar la calidad de la educación con una reducción de la inversión en educación y con maestros viviendo en condiciones deplorables.

Según Cabrera, existen más de 600 profesores que tienen trabajando entre ocho meses y dos años sin cobrar y que la secretaría de Educación se niega a responder.

Agregó que además que las escuelas nocturnas dejan de funcionar con mucha frecuencia porque los prolongados apagones impiden la docencia y los generadores de emergencia se han dañado por el uso excesivo y no son reparados.

Afirmó que se han cancelado más 500 maestros y los que trabajan sin cobrar más 600, pero también hay problemas con educadores degradados, entre ellos directores, subdirectores y técnicos.

Está convocado, explicó, a los maestros a ponerse en pie de lucha para rescatar el seguro médico y poner en funcionamiento el Instituto.

Indicó que San Francisco de Macorís y Navarrete comenzaron a partir del martes una manifestación por la reposición de los profesores cancelados.