Entre los males que afectan a la justicia en Santiago se destaca un «terrorismo laboral» que pone de rodillas a cualquier patrón ante la maquinaria infernal de abogados y jueces venales que trabajan confabulados para extorsionar, en base a sentencias temerarias, a cualquiera que caiga en sus garras.

Existen oficinas de abogados reconocidas por su práctica de conquistar empleados privados que se prestan a servir de instrumentos para incoar querellas contra sus patronos, casos que compran por migajas a los supuestos afectados, para apoderarse del grueso de lo obtenido.

Estos señores se presentan ante los tribunales como los paladines de los empleados y como la mayoría de los patronos son personas de trabajo, poco dadas a tribunales y litigios, por lo general se transan y llegan a acuerdos económicos que, aunque perjudiciales, les evitan largos procesos y gastos excesivos en abogados.

En adición a esta modalidad de extorsión, está tomando cuerpo en Santiago, y no dudo que también en la capital, otro método de robo descarado a través de ciertas oficinas de mantenimiento a condominios y apartamentos alquilados que dejan acumular, ex profeso, varios meses de pago para luego pasar el caso al departamento legal.

Entonces, los que nunca aparecían para cobrar, aparecen con facturas exorbitantes por supuestos gastos legales, y plazos conminatorios para obligar a los propietarios a pagar lo que ellos digan so pena de conseguir una sentencia de embargo contra el inmueble para ponerlo en «pública subasta», a precio vil, con compradores previstos, para supuestamente recuperar el importe adeudado.

En este, como en los casos laborales citados, y por las mismas razones, el propietario sucumbe ante la extorsión de los mafiosos.