La facultad de gobernantes para nombrar y «desvincular» ciudadanos en el tren administrativo tiene límites reconocibles.

Por ellos el Estado contrae la obligación de indemnizar a sus despedidos. Tras los iniciales recortes de nóminas en ministerios, direcciones generales y demás extensiones de lo público, la deuda por supresiones de empleados alcanza cifras astronómicas a ser restadas de presupuestos de por sí insuficientes.

Las cancelaciones coinciden con movilizaciones de activistas que demandan plazas que les dan en pago por la participación en campañas electorales.

Pero la relación equitativa del poder con sus subordinados no puede incluir la privación de ingresos sin previa evaluación de desempeño y sin medir las consecuencias sociales y los efectos negativos sobre las propias labores oficiales por expulsión numerosa de recursos humanos sin separar lo superfluo (botellas) de lo útil ni recurrir a reingenierías que garanticen que cada sueldo expedido esté justificado.

El compromiso de gobernar para todos los dominicanos, asumido bajo juramento, debe cumplirse.

Para fortalecer la institucionalidad lo que procede es reservar posiciones imprescindibles para la aplicación de programas de gobierno prometidos al electorado.

La multiplicación de empleos puede lograrse con eficaces ejecutorias de respaldo al desarrollo y de impulso a inversiones públicas y privadas para generar mayor demanda de mano de obra.

La degradación
de un comercio

La comercialización de bebidas alcohólicas mostraba, desde antes de causar muchas muertes por adulteraciones, que estaba escapando a controles fiscales, sanitarios y de calidad. Cargamentos inusuales que llegaron hasta sitios turísticos. Y fue en medio de la permisividad que hizo proliferar marcas de bajos precios e inusitada procedencia que tomaron auge las turbias mezclas del clandestinaje que han pasado a costar vidas. «Licoristas» de la «parte atrás» aprovecharon el libertinaje para lanzarse al mercado hasta entonces abastecido por empresas de larga vigencia y fabricación garantizada, cumpliendo fielmente con el fisco, creando empleos directos e indirectos en formal inserción a la economía y con plena aceptación en otros países rigurosos en proteger al consumidor. Una gigantesca operación limpieza es ya imprescindible.