Ricardo Pérez Martínez y Andrés Tolentino, dos jóvenes de quienes afirma un representante del Ministerio Público que fueron torturados en un destacamento policial de Sabana Perdida, cumplieron ayer 14 días de estar detenidos en condiciones que dejan mucho que desear.

Hasta el momento nadie ha rendido cuentas públicas de los resultados de la investigación ordenada por la jefatura policial en torno a la denuncia del fiscal Adolfo Portes Alcántara, de que habían sido torturados por policías para que confesaran su participación en un robo y se pretendió extorsionarles para dejarlos fuera del expediente.

Que sepamos, ningún representante del Ministerio Público ha estado a la cabeza de los interrogatorios a que han sido sometidos en esos 14 días y se descarta que en los mismos estuviese presente un abogado, sea contratado por los detenidos o «de oficio», para que les asista en sus derechos.

Muchos elementos de este caso obligan a dudar de que hayan sido sorprendidos en flagrante delito pues, de haber sido así, no se hubiese justificado que se les torturara en la forma denunciada por el fiscal Portes Alcántara. Este ingrediente apuntala la presunción de inocencia que debe guardarse en torno a los detenidos, presunción que solo puede ser desarticulada por sentencia de un juez, en juicio oral, público y contradictorio.

Hasta prueba en contrario, estamos ante un caso que deja muy mal parada a la Policía Nacional en cuanto a respeto de las pautas del nuevo Código Procesal Penal puestas en vigencia adelantada por decisión de la Suprema Corte. Se ha recurrido a procedimientos mostrencos que hacen dudar de la seriedad de la investigación en el caso que nos ocupa.

No nos cansaremos de demandar que sean esclarecidos estos hechos y que se proceda con apego al mandato de la ley. El uso de procedimientos violatorios de la ley conduce a investigaciones de mal éxito que a la larga alimentan el delito.

Descalabro

La Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) puso en operación ayer, precariamente, doscientos de las quinientas guaguas que tiene en la capital y la provincia de Santo Domingo. A cada una de esas unidades se le asignó 30 galones de gasoil, con la orden de trabajar hasta agotar esa única provisión, lo que da una idea de las limitaciones que tiene la empresa.

La OMSA es uno de los ejemplos vivientes de descalabro de inversiones hechas con fondos del erario. Esta razón social no fue concebida para producir ganancias económicas, sino sociales mediante el servicio subsidiado de transporte.

En los últimos tiempos ha sido acosada por las deudas y por la incapacidad para mantener en condiciones adecuadas su flotilla de vehículos.

Su descalabro no es distinto del que ha sufrido el sistema de salud pública, en el cual no hay medicamentos no materiales para dar servicio a la población más necesitada. Sumamos a esto el desplome del servicio energético y de la economía, y tendremos que llegar a la conclusión de que hay una quiebra más real que virtual del Estado y sus instituciones a la que todos los sectores sensatos debemos hacerle frente de manera decidida y seria.