Como si el sonado caso Quirinito y la fuga del ejecutor principal del asesinato del profesor universitario Juniol Ramírez, Argenis Contreras, no fueran suficientes para la maltrecha imagen del Poder Judicial, el 2018 se inicia con el escándalo suscitado por las “vacaciones” de Año Nuevo otorgadas a 65 reclusos que guardan prisión por diversos hechos delictivos.
La magnanimidad de la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, licenciada Katherine Rubio Matos, sorprende a la ciudadanía y trae a la memoria la postrimería del gobierno de Hipólito Mejía cuando un procurador negociaba con el mejor postor los indultos presidenciales que se otorgaban cada año.
No puedo decir que este sea el caso pero mueve a sospecha el perfil de algunos condenados que participaron en hechos delictivos relacionados con los expedientes de drogas y crímenes que involucran a personajes como David Figueroa Agosto, el fenecido capo Florián Félix y a los autores de la Matanza de Paya.
Otro elemento que crea suspicacia, es la agresiva defensa que hace de la magistrada Rubio Matos, la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María Garabito Ramírez quien se destapó con una serie de acusaciones contra la Procuraduría General de la República que en nada ayudan a su protegida.
Lo que debe establecerse es la legalidad o no de la medida objetada por el Procurador General de la República porque ante el tono del debate surge la duda de si, como aduce Garabito Ramírez, lo que está en juego son “los intereses” que el Ministerio Público ve en peligro con la medida unilateral de la jueza.