Hay circunstancias en las que los medios empleados para tratar de lograr un objetivo desnaturalizan la justeza de lo que se pretende o busca.

En este aserto parece encajar la convocatoria a paro laboral en los planteles escolares del Estado, hecha por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para los días miércoles 18 y jueves 19 del presente mes.

Las demandas, económicas y de otras índoles, podrían ser de plena justicia, reivindicaciones merecidas, pero el método para tratar de que se reconozcan y premien es, por así decirlo, pecaminoso.

Un gremio como la ADP, integrado por personas con una preparación no común, por encima de la media, no puede ignorar los efectos de sus procedimientos y métodos.

No puede, de ninguna manera, pasar por alto que privar a dos millones de estudiantes, de todas las edades y niveles, de horas de docencia en época próxima a los exámenes finales, constituye una presión que atenta contra los propios objetivos de los convocantes.

–II–

No se trata de valorar ahora los merecimientos de los profesores, sino de poner en el justo contexto la improcedencia de su método para tratar de alcanzarlos, porque perjudica no propiamente al Gobierno al que se le reclama, sino a los estudiantes, que ninguna culpa tienen de que los maestros de este país tengan una paga injusta.

Somos y seguiremos siendo defensores de derechos y merecimientos. En este momento, por tanto, salimos en defensa del derecho que tienen los estudiantes a no ser perjudicados por gestiones en las que no tienen ni voz ni voto.

La ADP y el Gobierno, con la mayor seriedad posible, deben dialogar sobre estas demandas y su justeza, y llegar, en aras de ser fieles al papel de cada uno en la sociedad, a acuerdos que permitan un trato justo.

El diálogo debe reemplazar y sepultar el método de los paros en un servicio público tan delicado y de tanta importancia como la enseñanza.

Viviendas

En estos tiempos en que los precios de alquiler de viviendas son prohibitivos para muchas familias, es necesario que se hagan esfuerzos por hacer más asequible, por «socializar» la adquisición de viviendas por medio de planes de interés social.

Lo que se pide no implica necesariamente que el Estado se involucre en proyectos habitacionales, pues hay malas experiencias en esta materia.

Abogamos, eso sí, porque el Gobierno establezca las reglas necesarias para que se puedan desarrollar proyectos habitacionales de precio moderado y financiamientos a largo término.

En esas circunstancias, valdría la pena que como parte de un propósito en el sentido señalado, el Gobierno valore los argumentos de las asociaciones de ahorros y préstamos, que solicitan modificación de los requisitos que se aplica a esas entidades en lo que concierne a créditos para viviendas.

Precisamente, un diálogo entre el Gobierno y estas asociaciones podría resultar provechoso para coordinar programas de interés social.