El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), mayor general Fernando Cruz Méndez, tiene mucha razón cuando afirma que se ha sentado un precedente peligroso al haber cedido a presiones de un grupo sedicioso haitiano y negociar con el mismo el canje de diez dominicanos secuestrados por un haitiano arrestado de este lado de la frontera bajo sospecha de haber participado en el asesinato de dos soldados dominicanos.

Aún cuando el canciller Francisco Guerrero Prats entiende que «frente a situaciones singulares hay que buscar soluciones singulares», y aún entendiendo que han primado factores humanitarios, la negociación y el canje han abierto una opción indeseable cuyos riesgos se sustentan en la condición de irregularidad del grupo armado y en el hecho de que éste se moviliza libremente en un Estado con muy frágil autoridad.

Uno de los aspectos en que se basó el canje.

Un grupo que secuestra y mantiene en rehenes a inmigrantes, legales o ilegales, no puede operar a nombre de un Estado, pero el Estado que negocia con los secuestradores le está confiriendo algún crédito o autoridad y le reconoce capacidad para cumplir los resultados de la negociación.

Posiblemente correspondía abrir un compás de espera y enterar a organismos regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos de los países que mantienen tropas en Haití, y ponerles al tanto de la situación antes de tomar la determinación que fuere.

Estamos hablando de una banda armada que hace alardes de fuerza, que interrumpe cuando quiere el paso por la frontera y que incurre en provocaciones, probablemente con la finalidad de buscar una fricción que no debemos permitir que prospere.

Se ha negociado con un grupo irregular que no vacilará en próximas acciones de provocación en la frontera, ahora con el ego alimentado por el éxito de haber logrado el canje que deseaba. Ojalá no nos pese.

[b]¿Gatillo alegre?[/b]

Una reseña publicada en la página 17 de la edición de ayer de El Nacional da cuenta de que una patrulla de la Policía Nacional mató a balazos a Danny Albino González, de 19 años, porque no acató una orden de detenerse. El crimen se produjo en Los Alcarrizos.

Según versión de la Policía, el jóven, además de no acatar la orden de alto, se resistió a ser arrestado y enfrentó a la patrulla. Deducimos que la resistencia al arresto y la actitud agresiva contra la patrulla debió producirse cuando los policías ya le habían dado alcance.

Esta víctima no portaba armas de ningún tipo, ni objeto alguno que le permitiera agredir a los integrantes de la patrulla, y por tanto no representaba peligro alguno. Todo esto es versión de la propia Policía que, por cierto, no ha dado a conocer hasta ahora ninguna hoja de antecedentes o ficha delictiva de este individuo muerto por una de sus patrullas.

Este país tiene que empezar a desterrar este concepto de autoridad que suplanta la justicia y la razón. Se necesita algo más que la expulsión y el sometimiento a la justicia de los policías que incurren en uso excesivo de la fuerza. Se requiere un cambio en la mentalidad de los policías y una interpretación correcta del concepto autoridad.

Siempre hemos dicho que no aspiramos a que nuestros policías se dejen cazar por los delincuentes, pero siempre, también, condenaremos la técnica del «gatillo alegre» que se aplica con demasiado frecuencia en esrte país.