Mal récord que pasamos por alto

El caos vial, la temeridad y la indiferencia oficial nos han colocado en el primer lugar como país con más alta tasa de muertos por accidentes de tránsito. La Organización Mundial de la Salud (OMS) consigna este dato en su más reciente informe global sobre seguridad vial. Y además de que el costo en vidas humanas es alarmante, las consecuencias sociales y económicas por concepto de mutilaciones de personas, daños materiales y otros aspectos de responsabilidad civil no lo son menos.

Lo peor de esta tasa de mortalidad de grado epidémico es la indiferencia de las autoridades. No se conoce la existencia de un programa oficial para crear conciencia sobre la necesidad de respetar las regulaciones del tránsito. Tampoco hay énfasis en supervisar el estado de operación de cada vehículo que circula por nuestras vías. La llamada “revista”, que una vez tuvo esta vocación de control, degeneró en mero impuesto.

Y para colmo, la sociedad vive sin mucha preocupación los resultados de una conducta social que está provocando entre sus miembros muchísimo luto, discapacidad física y pérdidas económicas. Las autoridades tienen que asumir la responsabilidad de desmontar esta alta tasa de mortalidad, aplicando políticas encaminadas a orientar sobre las reglas de conducción, pero al mismo tiempo, hacer sentir que las inconductas generan consecuencias.

Fragmentación onerosa

En el fragor de la campaña electoral no es extraño que a algunos políticos les seduzca la idea de promover nuevas divisiones territoriales para expandir sus dominios. Y lo saludable es que huyan de esa seducción. El director de la Oficina Nacional de Estadísticas, Pablo Tactuk, saca a relucir el altísimo costo que tiene para el país el fraccionamiento territorial, la consecuente creación de nueva burocracia y cargas que se añaden. En 80 años, el país multiplicó sus provincias, municipios y otras demarcaciones, en muchos casos sin tomar en cuenta los requisitos sociales y económicos que deben dar mérito a esas divisiones.

La decisión más sensata en que deben coincidir todos nuestros líderes políticos sería la de sacar de la agenda de campaña la idea de hacer nuevas atomizaciones del territorio nacional.