A la Junta Central Electoral no le luce ni le conviene, para congraciarse con los partidos mayoritarios del sistema, auspiciar la violación a la Ley de Partidos en un aspecto tan importante como el económico, a sabiendas de que carga a la ciudadanía gastos que no le corresponden.
Y digo a la ciudadanía porque adicionarle al Estado sumas millonarias a sus responsabilidades de subvención a los partidos políticos, es sacrificar doblemente al pueblo que acabará financiando una medida errática y complaciente en beneficio de los privilegiados de siempre.
La Ley 33-18 de Partidos Políticos establece claramente que las entidades políticas que escojan el sistema de primarias para la elección de sus candidatos a cargos electorales, deben cubrir esas actividades con los fondos que reciben del gobierno para sus compromisos y actividades.
El presupuesto para las primarias de solo 5 de las entidades políticas de un universo de 27 partidos y 3 movimientos reconocidos por la Junta Central Electoral, alcanza la astronómica suma de 1,449 millones de pesos de los cuales las agrupaciones involucradas solo aportarán 200 millones.
Es decir que la diferencia de 1,249 millones de pesos la cubriría el Estado en adición al presupuesto que asigna a esas mismas entidades para sus actividades. Sin embargo, los demás partidos que adopten el sistema de convenciones para la escogencia de sus candidatos, asumirán sus gastos.
Con justificada indignación, entidades como Participación Ciudadana, el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), y el presidente del CONEP, Pedro Brache, abogan para que se cumpla la Ley 33-18 y los partidos asuman sus responsabilidades presupuestarias sin cargarle el dado al Estado.