Mala fe de las mineras

Mala fe de las mineras

Los dominicanos hemos recibido recientemente la sorprendente noticia de que dos de las más importantes mineras que operan en el país han vendido activos en empresas donde el Estado tiene participación accionaria mayoritaria. Tal es el caso de Barrick Gold, quien ha vendido a futuro los minerales a extraer en la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez, y de Glencore al vender sus acciones en Falcondo a la empresa American Nickel Limited.

A juzgar por las declaraciones del ministro de Energía y Minas, estas empresas privadas han realizado esas transacciones sin la debida coordinación con las autoridades dominicanas. Es evidente que no ha habido un flujo de información efectivo de las empresas privadas hacia su socio, el Estado dominicano, peor aún cuando es de público conocimiento que ese tipo de negociaciones no se realizan de la noche a la mañana.

Ambas transacciones deben ser analizadas profundamente por las autoridades dominicanas y confirmar qué hay realmente detrás de las mismas. Se debe informar a la nación cuál sería el real impacto de esas negociaciones en las finanzas públicas.

Es de todos conocido que Falcondo ha insistido en que se le permita explotar Loma Miranda, petición que no le ha sido concedida, respondiendo ante todo al clamor nacional de que ese importantísimo recurso natural sea convertido en parque nacional, acción ésta pendiente de ejecución. Han sido años de importantes luchas para impedir que esta minera penetre la referida loma, sin embargo, es posible que la nueva adquiriente de las acciones de Glencore en Falcondo, a decir, American Nickel Limited, pretenda reiniciar las siniestras intenciones de explotar Loma Miranda, pues esos yacimientos debieron estar incluidos en los libros contables presentados por Glencore.
Estas acciones de Glencore y BarrickGold evidencian que no ha existido buena fe por parte de estas empresas privadas para con el Estado dominicano. Quizás hayamos llegado al momento de revaluar las relaciones con los socios privados del Estado.

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