Malas calificaciones

Malas calificaciones

La corrupción ha resultado  ser más fuerte que la voluntad política del Estado para combatirla y castigar a sus autores.

Ha sobrepasado las capacidades de la ley y las instituciones, con todo y que se han creado instrumentos diversos para apuntalarlas.

El balance del grupo cívico Participación Ciudadana acerca de la lucha contra la corrupción durante el 2007 arroja calificaciones lamentables.

Ese informe habla de un retroceso, una pérdida de impulso en el combate contra las prácticas reñidas con las leyes, la moral y los principios.

Falsamente se ha creído que haber cambiado el nombre del Departamento de Prevención contra la Corrupción por el de Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa aportaría vigor a la lucha contra este flagelo.

Por cierto que en torno a esta instancia adscrita al Ministerio Público han merodeado la decepción y el derrotismo. Los tres abogados que la han dirigido han expresado por separado su frustración por el hecho común de que la mayoría de los expedientes que salen de allí con fines de entablar juicio, no prosperan y se quedan estancados.  

Se ha creído, también erróneamente, que  una Comisión Nacional de Ética, con todo y ser dirigida por gente proba y de capacidad, podría influir un cambio de actitud que derivara en auténtica persecución y castigo de las prácticas dolosas.

No cabe duda de que la corrupción se nutre de la impunidad, porque ésta no sólo deja sin castigo los hechos consumados, sino que además estimula los actos indecorosos en el porvenir.

La lucha contra la corrupción tiene que partir de la convicción de que este flagelo es el mayor provocador de pobreza y el no castigarlo como se debe es un multiplicador.

De nada ha valido crear comisiones, departamentos o direcciones, pues los resultados indican que en materia de lucha contra la corrupción hemos ganado mala reputación y muy bajas calificaciones.

Rebatiñas

En torno al Seguro Familiar de Salud hay una nueva rebatiña.

 Un reajuste en las tarifas y honorarios de especialistas médicos ha provocado reacciones en contra.

Por principio, un buen servicio de salud debe garantizarle a los médicos ingresos decorosos para estimularlos a realizar un trabajo, en beneficio de los asegurados.

 Una mejor paga de honorarios y tarifas para servicios especializados no debería resultar lesivo para los intereses de los asegurados, ni en términos sanitarios ni en términos económicos.

 Una de las trabas que anteponían los médicos para resistirse a la entrada en vigencia del Seguro Familiar de Salud estaba fundamentada, precisamente, en cuestiones de tarifas y honorarios.

Ahora surgen las impugnaciones y disparidades entre instancias del seguro familiar y uno no llega a entender quién está realmente defendiendo los intereses de los asegurados.

Las partes deberían escoger el camino de la negociación y el diálogo con miras a procurar el mejor de los beneficios para los asegurados.

Pelearse en esta forma no tiene ningún sentido, sobre todo porque se debilita la estructura de asistencia en salud, en perjuicio de quienes más la necesitan.

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